Hace una semana se celebró el Día Internacional de la Juventud y hoy, en nuestro estado, muchos jóvenes se preparan para reiniciar sus actividades escolares el próximo lunes. Aunque los hay, son pocos los que desestiman la importancia de la educación como un activo social que trasciende al individuo para beneficiar a la comunidad entera.
Los jóvenes morelenses -como en todo el país- que tienen la oportunidad de asistir a la escuela, lo hacen con el propósito de mejorar o mantener sus condiciones de vida, pero, en lo que lo consiguen, quizá tengan que enfrentar diversos retos, algunos de los cuales podrían retrasar o incluso truncar sus esperanzas.
Aunque a nivel internacional la ONU considera a una “persona joven” a quien tiene entre 15 y 24 años, en México la “población joven” es la que está entre los 12 y los 29 años y este último parámetro es el que usa el INEGI para sus estudios, que son los que se citan a continuación.
A nivel nacional, en el último censo la población joven alcanzaba los 37.7 millones de mexicanos, lo que representa el 30 por ciento de la población total, que era de 125.5 millones. Sin embargo, solo el 42.3 por ciento asiste a la escuela, y el 37.7 por ciento ya trabaja.
En la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, el sector de la población con el menor ingreso por su trabajo fue el de 12 a 19 años, con un monto trimestral promedio de poco más de seis mil quinientos pesos, seguido por el grupo de edad de 20 a 29 años; con el peor ingreso también figuran quienes tenían únicamente la primaria completa de cualquier edad, con un promedio trimestral de 13 mil 514 pesos.
Si ya las condiciones económicas de una familia impiden que inicien o concluyan sus estudios a una gran parte de los jóvenes, su inclusión en el mercado laboral, determinada por su inexperiencia y por su nivel educativo, no es una alternativa para aportar recursos significativos a los hogares, aunque no asistir a la escuela quizá les represente algún ahorro.
En este contexto, el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México estiman que de 145 mil a 250 mil menores estén en peligro de ser reclutados por grupos criminales.
No debería sorprendernos -aunque sí indignarnos- que parte de la población joven en México esté vinculada y sea víctima del crimen organizado, el cual encuentra en la falta de oportunidades y en el exceso de necesidades los mejores incentivos para engrosar sus filas. Y de estos jóvenes, muchos terminan en la cárcel. En los últimos años ha crecido la población en “internamiento”, es decir, recluidos en centros de detención: hace seis años estaba internado en el sistema de justicia el 17 por ciento de la población adolescente (a partir de 12 años); el año pasado, esa cifra había aumentado a 30.2 por ciento.
Es una obviedad decir que la población juvenil es uno de los sectores más vulnerables pues, por iniciativa propia, pueden tomar decisiones que podrían no ser las más convenientes y no solo asociarse con grupos delictivos, sino abandonar la casa familiar o pretender formar una familia antes de ser mayores de edad, concluir sus estudios o siquiera tener trabajo.
Los jóvenes en México y en Morelos no la tienen fácil y ayudarlos -y ayudarnos a todos como sociedad- para que se incorporen al sistema educativo y permanezcan en él, podría ser un buen cometido de gobierno -acorde a estos tiempos en los que la clase política promete de todo-, pero en realidad es una tarea que nos involucra a todos.
Son cosas que podríamos reflexionar ahora que regrese a las aulas ese 42 por ciento de niños y jóvenes que tienen la fortuna de estudiar.
