Ayer comentábamos que casi la mitad de los morelenses que cuentan con un trabajo legítimo y honesto enfrentan el fenómeno de pobreza laboral, que significa que sus percepciones no alcanzan para comprar todos los artículos de la canasta básica -de donde, por cierto, se han eliminado artículos de uso generalizado como la tortilla-, esta situación obliga que muchos hogares se vean obligados a que trabajen por lo menos dos de sus miembros para completar el gasto.
También comentábamos la situación de más de cien cañeros que serán “liquidados conforme a la ley” porque al Ingenio y al Sindicato nomás no les salieron las cuentas para conseguir un aumento salarial para el resto de los trabajadores de la caña.
Tales situaciones reflejan un estado pobre con limitaciones para conservar a su capital humano en una situación digna, contexto que afecta necesariamente otros campos estratégicos para nuestra sociedad tales como educación, salud y bienestar general. Son imágenes de un estado que no ha sabido compensar a los trabajadores su voluntad de que sigan generando riqueza para el estado, esa que fomenta el crecimiento y es el motor de su economía.
La situación anterior contrasta con algunas decisiones del Poder Legislativo, como es el caso del famoso Retiro Dorado que le obsequió al Poder Judicial y que tanta tina y malestar ha generado en el estado, también están sus recientes reformas a la Ley del Servicio Civil que, junto con la determinación anterior, representan una carga presupuestaria que tendrá, obviamente que cubrir toda la ciudadanía en detrimento de la inversión que se podría hacer en otros rubros.
Ambas situaciones son un reflejo de que hay dos visiones encontradas de nuestro estado: la real, caracterizada por la pobreza y las limitaciones, y la de la imaginación de aquellos que piensan que solo es necesario decretar pensiones para que automáticamente aparezcan los recursos necesarios para pagarlas.
Para repartir la riqueza, primero hay que crearla y, como están las cosas, Morelos lo tiene cuesta arriba pues ya tiene diversos rezagos y urgencias que se deben atender con los recursos que se tienen.
Cuestiones como seguridad, mejoras a las vialidades, apoyos a los productores del campo y el fomento al turismo, que ha apuntado entre sus prioridades la gobernadora electa, se dirigen en esa dirección, pero sus resultados podrían verse a mediano plazo, por lo pronto -y así será por lo menos durante 2025- nos las tendremos que apañar con lo que ya tenemos y las recientes decisiones del Legislativo van en contrasentido.
La reingeniería administrativa y la austeridad también han sido señaladas como directrices de gobierno por González Saravia, pero deberá ser una austeridad real, no como el ajuste a los salarios de la Fiscalía General del Estado, que disminuye simbólicamente salarios que, en el transcurso de un año, ya habían aumentado más del 70%; esas son ganas de engañarse a sí mismos, y es una muestra más de que algunos viven fuera de la realidad estatal. Pero no debería sorprendernos, la simulación ha sido el sello de la casa en una entidad como la nuestra en donde la impunidad rebasa el 95% a pesar de tener instituciones que dicen combatir el delito.
