Todos tenemos derecho a progresar en la vida y si ese progreso es con base en nuestros propios méritos no hay nada de qué avergonzarse, al contrario.
La elección de los nuevos magistrados del Poder Judicial ha estado empañada desde el principio por decisiones arbitrarias y que se prestan a dudosas interpretaciones, como fue la ley del haber de retiro dorado, que también permitía el retiro voluntario anticipado lleno de prerrogativas para los magistrados que quisieran aprovechar la oportunidad.
Ese decreto llamó la atención precisamente porque ya se tenían en ese momento varias vacancias que aumentaban las cargas de trabajo de las restantes magistraturas y que frenaban la resolución de los asuntos y todo el trabajo en conjunto del Poder Judicial del estado; después vino el retiro de otros magistrados y la suma de magistraturas vacantes ascendió a diez y, por fin, tras varios meses de insistencias, el Congreso lanzó la convocatoria para realizar el proceso de selección y ocuparlas.
Desde un principio, varias organizaciones civiles y de profesionales del derecho pidieron que se transparentara el proceso y que los diputados y las diputadas se comprometieran a nombrar a los nuevos magistrados basándose en sus méritos profesionales y valores personales. Pero el Congreso decidió hacer los encuentros a puerta cerrada y conformarse con informar cómo se avanzaba en las entrevistas de los aspirantes; recientemente, se les pidió por los mecanismos de transparencia que ventilaran los antecedentes y currículums de los aspirantes, pero el Congreso respondió con evasivas y con una solicitud de prórroga para informar lo que se le solicitaba.
Eso llevó a que algunas organizaciones civiles investigaran por su lado los nombres de los aspirantes y sus méritos, y se encontraron con una serie de compromisos personales e intereses partidistas de muchos de ellos, incluso hay alguno con un proceso penal abierto en su contra. Lo peor es que también son varios los legisladores que tienen sus propuestas -o por lo menos eso parece- pues laboran con ellos varios de los aspirantes.
Como decíamos al principio, la posibilidad de progresar en la administración pública o en la vida es un derecho que no se le puede escatimar a nadie y no importaría en lo absoluto que alguno de los aspirantes tuviera nexos con un partido político o fuera un funcionario administrativo del Congreso en funciones si demostrara, fuera de cualquier asomo de sospecha, que obtiene el cargo por sus conocimientos e idoneidad para el cargo, y no por cuotas partidistas o intereses personales de quienes votan a su favor.
Así, la secrecía con la que se llevó todo el proceso va directamente en demérito de quienes resulten electos, pues sobre ellos siempre gravitará la sombra del compadrazgo y del amiguismo, pero en algunos también permitirá abrigar la sospecha de que quienes realizaron tales nombramientos antepusieron sus intereses partidistas, familiares o cualquier otro, a los intereses del estado, de su gente y de la justicia, que tanto nos urge en Morelos.
Las abuelas nos aconsejaban no hacer cosas buenas que parecieran malas, pero, al parecer, hay por lo menos 20 personas que no entendieron a lo que se refería su abuelita.
