Bien analizado, Morelos no tiene mala suerte, pero se ha permitido a muchos pésimos políticos. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jonathan Márquez es uno de ellos por más que suela disfrazar sus acciones como justicieras.
La impugnación a la asignación de diputaciones plurinominales hecha por Márquez según él para defender el derecho de una mujer de un partido distinto al suyo, tenía como real objetivo eliminar a una mujer de su partido para hacerse de una curul “a la mala”. El disfraz le sirvió para que una magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Marina Pérez Pineda, hiciera una interpretación extraña de la norma, ignorara el método de asignación establecido en la ley, y acabara beneficiando a Márquez Godínez y eliminando a quien él mismo había designado como candidata a diputada plurinominal de su partido en la segunda posición.
Es difícil engañar a todos todo el tiempo, dice el refrán y aunque Jonathan pudo haber convencido a la magistrada de crear una nueva interpretación donde, al haber una ley no tendría que aplicarse. Pero su argumento “a favor de las mujeres” ha resultado en una acción que evita a una mujer, de su partido, ejercer el cargo para el que fue electa o designada. Eleonor Martínez fue eliminada por la decisión de su propio dirigente partidista, para beneficiar a un hombre, él mismo.
El primer afectado por la determinación del Tribunal local, Gerardo Abarca Peña, candidato a diputado plurinominal por Acción Nacional, recurrió a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para derribar la resolución local en que se favorece a quien se dice aliado de las mujeres mientras le niega a una el acceso a un espacio político que merece. La Sala tendrá que resolver un embrollo en que fue metida por la magistrada en funciones del Tribunal local pues la interpretación que hizo comprometería prácticamente todos los procesos de asignación de diputaciones plurinominales en marcha y comprometería directamente, el derecho que los partidos políticos tienen de hacer postulaciones de candidatos apegadas a la ley.
La determinación del Tribunal local debe ser revisada en todo su proceso. Lo excesivo y extraño en sus argumentaciones hace presumir a muchos que hubo presiones de la parte actora para obtener una resolución a favor. No sería la primera vez que se acusa a Jonathan Márquez de tales excesos y, por el bien de las instituciones electorales y del prestigio de todas las partes involucradas, una investigación profunda es lo menos que le deben a los morelenses, a los partidos políticos, y a los electores.
Mucho depende del final que tengan las impugnaciones contra Jonathan Márquez en las instancias superiores. Conforme a las determinaciones podremos definir qué tanto se excedió la magistrada local en “interpretar” la norma. Por lo pronto, el dirigente priista, ya ha sido evidenciado como el peor agresor de las mujeres, ése que de disfraza de su aliado para agredirlas.
