Un Manifiesto por la naturaleza
El pasado 8 de septiembre, 19 organizaciones y activistas ambientales realizaron un llamado a las autoridades que es un genuino manifiesto a favor de la naturaleza de nuestro estado.
Todas las señales de alarma en cuanto a la situación del ambiente y la ecología morelenses están encendidas desde hace tiempo, ya no hay alertas, lo que proponen los ambientalistas son acciones puntuales y su Manifiesto, – ese tipo de instrumentos que además de críticas, contiene acciones y propuestas y establece una clara postura sobre un tema determinado, que publicamos ayer en estas páginas y que es motivo hoy de una nota de nuestra compañera Estrella Pedroza- se dirige específicamente a las autoridades encargadas tanto de la custodia y cuidado de la riqueza natural morelense, como a los responsables de autorizar urbanizaciones y cambios de uso de suelo. Es decir, a los tres niveles de gobierno.
Advierten que “el Bosque de Agua que contiene a las Áreas Nacionales Protegidas de Morelos —Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Corredor Biológico Chichinautzin, Parque Nacional El Tepozteco, Reserva Estatal Sierra Montenegro y El Texcal— ha sido gravemente devastado por el desarrollo urbano ilegal, la tala clandestina, el cambio de uso de suelo forestal ilegal y el avance de las fronteras agrícola y ganadera”.
Recuerdan que “El 26.7 por ciento de la superficie total del estado de Morelos son áreas naturales protegidas, de las cuales aproximadamente el 3 por ciento ya se ha perdido […] aunado a esto, tenemos en Morelos una dramática pérdida de suelo forestal no protegido. Tal y como indican la CONABIO y la CEAMA y la Estrategia Estatal de Biodiversidad”.
Señalan que, de acuerdo con las últimas mediciones, Morelos ha dejado perder anualmente 5 mil hectáreas de bosques, selva y vegetación primaria.
Y proponen, entre otras cosas, hacer valer la ley -omisión que ha sido recurrente entre las dependencias encargadas, paradójicamente, de cuidar su observancia; no autorizar más afectaciones a las áreas naturales protegidas mediante el crecimiento urbano (que resulta ilegal porque está prohibido, aunque se autorice), combatir de manera efectiva la tala ilegal y el saqueo de los recursos naturales que, desde luego, son actividades también prohibidas desde hace tiempo.
Es clara la responsabilidad por acción o por omisión de las autoridades. El problema que ha llevado a una situación crítica a la naturaleza de nuestro estado -en el que se pueden incluir los cuerpos de agua- inició hace décadas, pero es hasta estas fechas que ya representa una verdadera crisis.
Durante las últimas generaciones, la omisión y la obvia corrupción han puesto en una compleja situación los medios naturales que le otorgan a nuestro estado una riqueza y biodiversidad que se sueña en otros sitios. Se ha permitido que crezcan las mafias de talamontes, que ahora ni siquiera las fuerzas armadas pueden contener y que, a lo largo del tiempo, han logrado conformar una red de complicidades que será muy difícil de desmantelar. Y lo mismo aplica para la contaminación de ríos y barrancas originada en el desdén de las autoridades y en la falta de atención de quienes tienen la responsabilidad formal de resguardarlas.
Así, el Manifiesto ecologista del 8 de septiembre es un llamado a la ciudadanía, a todos los que no tenemos cargos públicos para que presionemos a quienes sí los tienen para que ya hagan algo, para que recuerden sus responsabilidades con las generaciones actuales y futuras de morelenses. Una vez más, la llamada sociedad civil se encuentra por delante de la llamada clase política.
