Ayer publicamos en estas páginas que la organización internacional Word Justicie Project, en su Índice de Derecho en México 2023-2024, ubica a la justicia penal que se imparte en Morelos en el último lugar a nivel nacional.
Ya lo sabíamos, pero ahora los especialistas confirman que la aplicación de la ley y el combate a la impunidad solamente existen en los discursos de las personas que cobran por hacer ese trabajo; nuestro estado, simplemente, es la peor entidad de México en cuanto al Estado de Derecho.
En lugar de que se mejore el respeto a las leyes, la equidad en su aplicación, la imparcialidad de los juzgadores, que se garantice una impartición expedita de la justicia y que se combata la corrupción en el mundo judicial, Morelos se las ha ingeniado para descender sistemáticamente los peldaños de la calificación durante los últimos años.
Hoy publicamos una nota sobre la supuesta defensa al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, que realizan trabajadores del propio TSJ y -por alguna extraña razón- transportistas.
Como los trabajadores de la salud hace un par de semanas, ahora los de la justicia para hacerse notar recurren a la estrategia del “paro activo” o “brazos caídos” y aunque asistan a los tribunales simplemente no hacen nada por un rato, haciendo que casos enteros se pospongan por meses, mientras tanto, afuera, los transportistas bloquean calles y congestionan la zona complicando aún más el trabajo del Tribunal.
Y todo porque la mayoría de los magistrados desconocieron a Gamboa Olea cuyas indiscreciones son notorias, desde problemas privados ventilados en lugares públicos, hasta la grave acusación por parte de un magistrado ahora en retiro de haber presionado por la liberación de un presunto feminicida de Huitzilac. Desde luego también está la contratación de su esposa como juzgadora precedida por diversos señalamientos de poca transparencia en el concurso.
Quisiéramos creer que la de los trabajadores del Tribunal es una manifestación espontánea y genuina, aunque hayan sido convocados por “memos” sin firma. También es de admirarse la preocupación que de pronto invade a los transportistas por defender a una persona que seguramente no conocen, el caso es que no nos debe extrañar la ubicación en el último sótano de la impartición de la justicia en nuestro estado si está a cargo de personas que pueden favorecer a asesinos, torcer las normas para premiar públicamente a sus familias o si se benefician de protestas que retrasan los casos de cientos de personas que esperan que, por lo menos una vez, se haga justicia, es decir boicoteando el trabajo de la institución que encabeza.
Algunos individuos nos tienen de rehenes mientras usan sus cargos en beneficio personal y a la ley para avalar continuar seguir haciendo todo eso con el mayor descaro. Por lo menos, también ha otros que han demostrado un poco de dignidad y se rehúsan a seguir convalidando una situación vergonzosa para todos.