En los tiempos que corren parece ser que es necesario que las organizaciones civiles suplan a las instituciones. También parece ser que el Presidente de la República, como si no tuviera ya suficiente trabajo, necesita intervenir para guiar a esas mismas instituciones que, como las de justicia en el estado de Morelos, parecen rebasadas por la violenta realidad que vivimos.
Ayer, alrededor de cuarenta integrantes de la “Asociación Cívica Morelense” viajaron a la Ciudad de México para solicitarle al Presidente López Obrador, que interviniera para que la Fiscalía General de la República atraiga nueve casos que reposan desde hace años en las gavetas de las Fiscalías morelenses sin que se vea ningún avance.
Los casos sobre los que la Asociación pide atención de la Federación son de alto impacto: presuntos asesinatos políticos, feminicidios y desapariciones, entre otros; algunos, como el caso de asesinatos de ambientalistas, son de trascendencia internacional y sirven como parámetro de los avances en el estado de derecho de una nación.
Es decir, si bien cualquier crimen o asesinato en el estado es preocupante y censurable, algunos de los casos señalados por las Asociación afectan directamente la imagen de toda una gestión pública y cualquiera pensaría que, por lo menos por eso, los encargados de realizar las investigaciones y de armar los casos criminales deberían de tener mayor interés en solucionarlos. Pero parece ser que no es así.
El pliego petitorio que se entregó en Palacio Nacional incluye casos que datan de 2015, como el asesinato de Gustavo Salgado Delgado, activista y defensor de los derechos de los jornaleros agrícolas; otros, como el homicidio de Samir Flores, en 2019, y de los también ambientalistas Isaac Herrera, en 2020, y Rodrigo Morales, en 2021, han tenido repercusión mundial por su lucha a favor del medio ambiente.
La Asociación Cívica Morelense señaló al Presidente que su petición radica en “la falta de acción de la justicia en el estado de Morelos”, ya que “desde el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, el crimen, la corrupción y la impunidad han prevalecido” en el estado de Morelos.
Todo mundo sabe que los crímenes contra activistas rara vez son casualidad y que tienen que ver con su labor social y profesional, por lo que, presumiblemente, las investigaciones podrían iniciar en los asuntos en que los luchadores sociales se ocupaban, como es el caso de desarrollos urbanos, uso de la tierra y protección del agua, por ejemplo; sin embargo, si acaso se realizó, la investigación y sus avances son guardados herméticamente, dando la sensación de que simplemente se mandaron a reposar a la congeladora, a pesar de contar con indicios y testimonios incluso de los perpetradores de los crímenes, como es el caso de Samir Flores, uno de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Tlaxcala y Puebla, organización que no ha dejado que el caso se olvide y que asegura que existe el testimonio grabado de uno de los criminales.
La muerte de Samir, por cierto, podría ser investigada por la justicia federal pues, sin intervención presidencial, el Frente logró que un juez federal se declarara competente para atraer la investigación, solo falta que el juez de Cuautla -que lleva la carpeta- acepte inhibirse de continuar conociendo del asunto y lo ceda a la Federación.
Incluso en defensa propia, los funcionarios no deberían dejar que este tipo de casos gocen de ese halo de impunidad que parecen tener y que siempre apunta hacia la corrupción. En este sentido, la respuesta del juez de control de Cuautla podría ser muy iluminadora.
Y ojalá, a pesar del cúmulo de responsabilidades que ya tiene, el Presidente de la República se dé un tiempo para recordar estos casos que, por su propia lucha social, ya debe conocer y pueda ayudar a que por lo menos esos nueve casos salgan del bache de indefinición en el que se encuentran desde hace años.
