Si ha habido un reclamo histórico al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es el de su extraordinaria disciplina y tolerancia a abusos de la autoridad. Las dirigencias de la organización laboral han alegado siempre que su aparente silencio deriva de la responsabilidad con su materia de trabajo, el servicio educativo, y con los usuarios, cientos de miles de niños y padres de familia de todo el país que ven en la estabilidad del sector una expresión de paz social. Pero la paciencia siempre tiene sus límites y en Morelos parecen haberse alcanzado.
La solicitud de la dirigencia sindical al Ejecutivo para evaluar la permanencia en su cargo de los funcionarios del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) deriva no del conflicto político innegable entre ambos, que cumplirá un año apenas, sino de una colección de agravios acumulados durante la presente administración que, a decir del SNTE y de la evidencia disponible, ha comprometido el servicio educativo por casi todas las causas imaginables: inseguridad, movilizaciones político-electorales, fallas en la infraestructura, adeudos con los trabajadores, violaciones a los derechos laborales, falta de maestros, entre otras que han provocado la pausa de actividades de planteles en prácticamente todo el estado.
La colección de omisiones de parte de la autoridad educativa en Morelos parece haber colmado la paciencia incluso de la dirigencia nacional del SNTE que aprovechó el inicio de año para desear a los morelenses “una mejoría en el gobierno”, después de un diagnóstico que advierte la falta de oficio político y de compromiso con los morelenses de la administración de Cuauhtémoc Blanco. Llama la atención que el señalamiento del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato sea mucho más duro, por su dirección y su contundencia, que el de la dirigencia local que se enfoca solamente a la esfera educativa.
El SNTE está molesto con la administración de Cuauhtémoc Blanco porque, a diferencia de administraciones anteriores, la suma de conflictos laborales en el sector educativo se agrava con la colección de pendientes en materia social que afectan a las comunidades escolares, formadas por docentes, alumnado, personal administrativo, padres de familia y proveedores diversos, es decir, por toda la sociedad. En efecto, ya no se trata solo de los adeudos y las irregularidades en la asignación de plazas y otros recursos, tema estrictamente laboral, sino de un universo de agresiones a la sociedad de la que los maestros son parte fundamental por su misión y su liderazgo.
Grave es ignorar a quienes rompen el silencio no por indisciplina sino por hartazgo. Mucho más cuando de ellos depende la educación y con ello el futuro del estado, es momento de escuchar y atender. Antes de que los maestros decidan, ahora por sí mismos, volver a tomar las calles.
