Recientemente aparecieron en redes sociales y hasta colgados en la vía pública mensajes que supuestamente delataban una especie de complicidad entre diversos funcionarios locales en torno del penoso caso de Ariadna Fernanda que, hasta el momento, mantiene en prisión al Fiscal General del estado.
Es evidente que esta “información” busca afectar prestigios y, quizá, respaldar la razón por la que se debería mantener detenido al Fiscal Carmona Gándara, pero, como siempre sucede con las calumnias, causan daños imprevisibles y, en algunos casos, se convierten en un genuino bumerang para quien tuvo la osadía de recurrir a una estratagema tan vil.
Si alguien tuviera información real sobre cualquier delito debería aportarla a las autoridades para que estas tomaran cartas en el asunto, y no ocultar el origen o disimularlo tras el anonimato que, en estos casos, solo encubren a verdaderos delincuentes, pues atentar contra el honor de las personas sigue siendo un delito.
La difamación -difusión de información falsa que daña la reputación de una persona o entidad- y la calumnia -acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle- hablan muy mal de quien recurre a ellas y, en este caso, por lo menos uno de los involucrados, el presidente municipal de Cuernavaca, aunque admite no saber el origen de estos ataques, sí tiene claro que es evidente que tienen connotaciones políticas.
Aunque los políticos no suelen ser un dechado de virtudes, relacionarlos con la calumnia y la difamación ya son palabras mayores y, si se les comprobara, en ese momento se podría acabar la carrera de cualquiera. Es por eso por lo que ese tipo de propaganda puede funcionar en contra de quien la usó, no cualquier cosa se vale en la guerra a pesar de lo que dice la frase popular.
Más lamentable es que se utilice un caso criminal con una investigación abierta por un feminicidio. Uriel Carmona es investigado por interferir en las investigaciones supuestamente de manera dolosa; pues bien, difundir este tipo de información también podría considerarse una forma de intentar desviar la investigación e influir en la opinión pública distrayéndola de la realidad.
Además, es doblemente injusto para la familia de una víctima de feminicidio, la cual debería tener el derecho de confiar en la honradez de la investigación que realizan las autoridades para aclarar la muerte de su familiar, y gozar también de la solidaridad de la comunidad en el momento por el que atraviesa.
Por donde se le quiera ver, un recurso que mediante la polarización, el temor social y el daño a la reputación busca influir en un proceso electoral es una bajeza que se debería investigar quizá siguiendo el camino de aquellos que sirven de caja de resonancia para esta “información”.
Mientras eso sucede, lo mejor y más recomendable es tomar la información con las reservas de su origen y desconfiar siempre de quien arroja la piedra y esconde la mano.
