Nuestro país y nuestro estado enfrentan múltiples flagelos cuyas estadísticas demuestran tanto las proporciones de los problemas, como la eficiencia de las instituciones encargadas de atenderlos, tal es el caso de los niveles educativos y las pruebas estandarizadas a nivel internacional; las estadísticas de la pandemia y su manejo, y problemas agudos como el feminicidio que apuntan directamente a los niveles de impunidad -un problema por sí solo- a la procuración de justicia y la eficiencia en la persecución de los delitos.
Tras las estadísticas no es raro que aparezcan las excusas y las justificaciones, y la más elemental de ellas es que se cuentan mal los casos.
Ayer, la Fiscalía General del Estado reconoció solamente 24 feminicidios perpetrados en Morelos en lo que va del año de los cuales, dijo, se han resuelto diez, lo que representa una eficiencia del 42 por ciento; criticó a las organizaciones civiles que han calculado que en nuestro estado cada mes hay por lo menos diez feminicidios y que, hacia el mes que corre ya ha habido casi 60.
El titular de la Fiscalía dijo que las cifras que presentan estas organizaciones consideran feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer, aunque, jurídicamente, no se pueda perfilar un caso de este tipo.
Con tal aseveración, Uriel Carmona pegó justo en donde más critican los colectivos el desempeño de las instituciones, no solo por feminicidios y no solamente en Morelos; a nivel nacional las organizaciones civiles han señalado que las dependencias desconocen -o prefieren ignorar o minimizar- la magnitud de los problemas que deben atender y que les exigiría mayor eficiencia.
Específicamente sobre el feminicidio la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló desde 2015 el «Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género», con el objetivo de proporcionar lineamientos claros y específicos para las autoridades encargadas de atender e investigar estos delitos.
El protocolo busca garantizar una perspectiva de género en la administración de justicia y tiene varios objetivos clave, entre otros visibilizar las desigualdades de género y hacer prevalecer la
perspectiva de género: establece que todas las decisiones judiciales deben incorporar una perspectiva de género, reconociendo y atendiendo las desigualdades que sufren las mujeres.
El mismo gobierno de la República señala que “comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta”.
Es decir, la determinación de que si una muerte violenta de una mujer fue o no un feminicidio, viene después de que cualquier incidente de este tipo sea abordado como si lo fuera, y no al revés.
No importan las estadísticas, un solo caso de crimen de odio o por razones de género es una afrenta para cualquier sociedad. Si la FGE ha logrado resolver diez, felicitaciones, pero quedan muchos, demasiados, casos más.
