A pesar de que fue una de sus banderas de campaña dada la inseguridad y violencia que campeó en el gobierno de Graco Ramírez, a poco menos de un año de concluir su administración, Cuauhtémoc Blanco Bravo ya ha superado las cifras de asesinatos dolosos de su antecesor.
Según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Blanco supera ya en un 60 por ciento la cantidad de homicidios dolosos al gobierno de Ramírez; 2023 es el año con mayor cantidad de este tipo de muertes desde que se lleva registro en Morelos y el pasado mes de agosto fue el mes más violento.
Los morelenses llevamos sumidos en la peor violencia de su historia -comprobable por estadísticas y registros oficiales- más de una década.
Durante los últimos dos lustros la inseguridad se ha incrementado año con año. Cada vez somos más los morelenses agraviados por la criminalidad y sin esperanzas de reparación del daño o por lo menos de que los culpables de tantos duelos familiares pisen ya no la cárcel, ni siquiera la comandancia de la policía, pues en nuestro estado hay una impunidad de más del 97 por ciento.
Los datos oficiales demuestran que, si acaso ha habido alguna estrategia de seguridad durante esta administración, esta ha fallado rotundamente y las instituciones encargadas de mantener la paz y la tranquilidad en el estado solo atinan a culparse mutuamente: la Comisión Estatal de Seguridad culpa a la Fiscalía General del Estado de que los delitos no se investigan y la FGE culpa a la CES de que ya no hay detenciones en flagrancia. Lo peor es que parece ser que ambas tienen razón.
Nada puede afectar más al desarrollo y bienestar de una comunidad que la inseguridad y las actividades criminales que se extienden vía extorsiones incluso directamente a la vida cotidiana de ciudadanos que viven de sus jubilaciones; sus víctimas potenciales ya lo somos todos, sin importar nivel socioeconómico, ocupación o hábitos.
Estamos ante la evidencia comprobable de que, por lo menos las dos últimas administraciones fallaron totalmente en cumplir con la primera encomienda de cualquier gobierno: velar por la seguridad física y patrimonial de sus gobernados. Este fracaso eclipsa definitivamente cualquier logro de gobierno.
No podemos continuar por el mismo camino. Es necesario que cada uno de nosotros nos comprometamos con la seguridad de todos los demás; se requiere también que a las instituciones de seguridad, investigación de delitos y administración de justicia se les evalúe, contrastando sus resultados y no por los amigos que tengan en las altas esferas del poder.
Pero necesitamos, ante todo, rescatar dos cosas: nuestra capacidad de indignación -pues este contexto criminal y violento no es normal- y la empatía social para que sintamos como nuestra la pena de las víctimas de este caos. En medio de la masacre y la incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es recobrar nuestra humanidad para encontrar las mejores soluciones.
