Hace un mes, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Morelos sufrió alteraciones significativas sin previa consulta a las familias que buscan a sus seres queridos, lo que ha generado incertidumbre y desconfianza en los colectivos de víctimas.
Alejandro Cornejo Ramos dejó de ser el titular de la fiscalía especializada y en su lugar fue designado Luis Gizé Goytia Pacheco. Sin embargo, las familias afectadas se enteraron de estos cambios cuando urgieron dar celeridad a algunas reuniones programadas.
La falta de transparencia en el proceso de selección plantea dudas sobre quién otorgó realmente el cargo, ya que el fiscal general no estaba en funciones en ese momento. Esto ha creado inquietud entre las familias que buscan a sus seres queridos y temen que la investigación se vea obstaculizada.
Las familias que han estado trabajando incansablemente con los fiscales para encontrar a sus seres queridos desaparecidos se sienten excluidas de este proceso de cambio. No han recibido respuestas satisfactorias sobre por qué se tomó esta decisión ni si mejorará la búsqueda de sus seres queridos.
En una entrevista con una de las voces de las familias afectadas, expresó su preocupación:
«Creo que es muy importante que por lo menos nos tomen en cuenta, para tener un punto de referencia y entender por qué se están haciendo estos cambios. Esto es un cargo crítico para nosotros, ya que el fiscal de personas desaparecidas es quien designa a los ministerios públicos para llevar a cabo investigaciones en casos de desaparición».
La falta de experiencia en la Fiscalía de Personas Desaparecidas también es motivo de preocupación, ya que es una entidad relativamente nueva, establecida en 2017 con la promulgación de la ley de desaparición. Los cambios repentinos en el liderazgo podrían socavar los avances logrados por quienes ya habían comenzado a comprender la complejidad de estas investigaciones.
En este contexto, las familias afectadas solicitan respuestas y transparencia en este proceso de cambio. La incertidumbre persiste sobre si el nuevo fiscal tiene el perfil adecuado para abordar los desafíos que implica la búsqueda de personas desaparecidas.
