José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. No prescribe hasta que se conoce el paradero de la persona, se logra establecer la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
Uno de los temas que hemos abordado de manera permanente durante estos 33 años, ha sido el de la desaparición forzada, precisamente a raíz de la desaparición del compañero José Ramón García Gómez, de la que se cumplirán 34 años este 16 de diciembre, ocurrida en Cuautla. Fue desaparecido por elementos policiacos al mando de Apolo Bernabé Ríos, Antonio Nogueda Carbajal y creado por órdenes del gobernador Antonio Riva Palacio López, los tres ya fallecidos. Se creó una Fiscalía Especial y se emitieron dos Recomendaciones por parte de la CNDH en 1990 y 1991. A pesar de que fueron detenidos y encarcelados 3 policías, no se logró ubicar el paradero de José Ramón.
El caso emblemático del compañero desaparecido José Ramón García Gómez sigue sin resolverse. En el mes de diciembre de 2020 nos dirigimos a la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, solicitando la incorporación del caso de nuestro compañero a su base de datos y se llevaran a cabo todas las actividades de búsqueda. Se nos comentó que se han enviado oficios a diversas dependencias locales y federales solicitando información y actuaciones específicas para dar respuesta al caso. Sin embargo les comentamos que no hemos recibido informes de respuesta de las correspondientes dependencias.
Asimismo manifestamos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos que la búsqueda debe regirse por una política pública, siendo uno de sus objetivos la prevención de desapariciones forzadas y el esclarecimiento de las ya ocurridas, así como el justo castigo de los perpetradores y la adopción de medidas de protección de las víctimas y medidas que garanticen que no se vuelvan a cometer Desapariciones Forzadas. Señalando que las autoridades encargadas de las búsquedas deben diseñar, con la participación de las víctimas y sus organizaciones, una estrategia integral (incluyendo un plan de acción y un cronograma y debe ser evaluada periódicamente) así como realizar análisis de contexto. También que las autoridades con competencia, deben de contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas: las instalaciones militares, de policía, así como recintos privados. Además de tener acceso irrestricto a toda información, documentos (inclusive los considerados de seguridad nacional), base de datos, archivos y registros de las fuerzas de seguridad, militares, de policía y de instituciones particulares. Así también les recomendamos que los Protocolos de búsqueda deben ser revisados y actualizados periódicamente o cada vez que sea necesario para responder a aprendizajes, innovaciones y buenas prácticas que inicialmente no habían sido previstas. Y les insistimos que es una obligación institucional el impedir las violaciones sistemáticas y combatir la impunidad de las desapariciones forzadas tanto de las presentes como las del pasado.
Con todo lo anterior resaltamos la importancia y necesidad de aplicar los principios de la ONU en materia de Desaparición Forzada, poniendo en primer lugar la búsqueda en vida, ya que la presunción de que las personas desaparecidas están con vida en algún lugar, de manera forzada y no por su voluntad, implica dedicar recursos suficientes, tanto materiales como en capacidad científica profesional, así como que haya la voluntad política necesaria para derribar todos los obstáculos institucionales y se establezcan las garantías de no repetición. Es necesario seguir fortaleciendo estrategias colectivas hasta lograr su erradicación. Les pedimos que ya no exista una mera simulación institucional. De manera concreta solicitamos a dichos representantes gubernamentales, una verdadera voluntad política para atender, sancionar y erradicar dicha práctica violatoria de derechos humanos como lo es la desaparición forzada en la entidad. Sobre todo ahora que se han documentado más de 1,500 desapariciones en los últimos 5 años en Morelos. N o hay democracia con desaparecidos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
