La política Social de la 4T
Héctor H. Hernández Bringas*
A partir de 1982, durante la llamada época neoliberal, la política social se orientó a la atención de necesidades específicas de grupo sociales determinados, en lugar de dar apoyos generalizados. El compromiso del estado fue implementar programas paliativos focalizados para evitar, supuestamente, una mayor descomposición social.
En el proyecto de la Cuarta Transformación, la propuesta de política social se asume opuesta a la implementada en la época neoliberal. La 4T se propuso, al menos discursivamente, transformar las políticas focalizadas en derechos sociales. También discursivamente, los derechos a la educación y a la salud, a los que los gobiernos neoliberales dieron un enfoque privatizador, retomarían, supuestamente, su carácter público. La política socialtambién, se dice, atacaría las causas estructurales de la violencia, ya que, disponiendo de los recursos transferidos y de otras opciones, los jóvenes no caerían en la tentación de las actividades criminales.
Sin embargo, un análisis de las características de los principales programas de la presente administración federal, más allá de lo discursivo, nos hace ver que sólo dos los programas tienen carácter universal (adultos mayores y becas de bachillerato), y sólo el primero ha logrado cobertura casi total. El resto de los principales programas son focalizados o condicionados, y algunos de ellos son una réplica de los que ya existían en sexenios anteriores.
Con las últimas cifras de 2022, observamos que los programas sociales atenden a alrededor millones de personas, muy lejos de los de los 56 millones de pobres que hay en el país. La mayoría de estos apoyos se concentran en pocos programas. Tres de ellos explican casi el 78 % de los beneficiarios: el 53% corresponde a la pensión de adultos mayores, el 14% a las becas para educación media superior, y el 10.4% a las becas de educación básica. El resto de los programas tienen una cobertura pulverizada.
Casi la totalidad de los programas están destinados a menores de 30 años o mayores de 65. El grueso de la población económicamente activa, que en alta proporción tiene empleo informal, las madres trabajadoras, los productores agrícolas o los grupos indígenas estánescasamente incorporados en los programas sociales de la 4T.
Mas allá de los programas, por lo que toca a la salud y la educación las cosas no han mejorado. Basta echar un vistazoal estancamiento/reducción en los recursos que se otorgan a esos sectores fundamentales del bienestar, y esparticularmente notable el incremento de personas sin acceso a servicios de salud: el monto pasó de 20.1 a 35.7 millones entre 2018 y 2020: ¡15.6 millones más!
Ya hace unos días el CONEVAL ha reiterado su evaluaciónde la actual política social: los programas sociales no tienen el impacto esperado, y están teniendo repercusiones en las fianzas públicas difíciles de sostener.
En Morelos, con más de un millón de pobres, los programas sociales sólo atienden a poco menos de 300 mil personas.Nadie puede afirmar que las trasferencias monetarias son algo indeseable; por el contrario. En situaciones de precariedad cualquier ingreso es bienvenido. El problema es que son insuficientes para lograr el cometido de sacar a las personas de la pobreza, a menos que el objetivo sea el contario, es decir, no sacarlas de esa condición porque, según dice AMLO, eso trastocaría sus valores y, más aún, sus preferencias políticas.
*Investigador del CRIM de la UNAM en Cuernavaca.
