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El legado de CONAGUA en tiempos de la 4T

(última parte)

 

Cerramos esta semana con este ciclo de columnas destinadas a analizar lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer durante el sexenio que está a punto de concluir por parte de la autoridad en materia de gestión de las aguas nacionales: la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Ya hemos revisado en las dos columnas anteriores los avances y los retos en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como en materia hidroagrícola. La construcción de 18 proyectos prioritarios en los que ha invertido más de 110 mil millones de pesos para incorporar más de 100 mil hectáreas al riego y beneficiar a más de 24 millones de habitantes es, sin lugar a dudas, un gran logro digno de resaltarse ya que atiende necesidades históricas en materia de inversión en proyectos hidráulicos. Ojalá que la siguiente administración decida mantener este ritmo de inversión durante los siguientes años.

Lo único que un humilde profesor como yo sugeriría es darle un poco de esa enorme inversión a las acciones no-estructurales (es decir, las que no se refieren primordialmente a la construcción de infraestructura), aquellas que son (o al menos deberían ser) parte de la tarea fundamental de una institución como la CONAGUA.

Menciono algunas de las que me vienen a la mente: la vigilancia de las concesiones. La CONAGUA otorga concesiones y permisos para el uso de agua para diferentes fines, como abastecimiento urbano, riego agrícola, generación de energía, y usos industriales. La sobrexplotación de 105 acuíferos exige una vigilancia mucho más severa de los volúmenes que se extraen por parte de todos los sectores usuarios. El papel de autoridad de la CONAGUA se ha visto seriamente disminuido en los últimos años.

La vigilancia de las descargas. La evidente contaminación de ríos como el Lerma-Santiago, Atoyac-Zahuapan, Apatlaco, etc. exige una mucho mejor vigilancia (y sanciones) para que las descargas cumplan con las normas correspondientes. Se deben buscar medidas más efectivas para prevenir y controlar la contaminación de cuerpos de agua y trabajar en la protección de los ecosistemas acuáticos y la conservación de las fuentes de agua.

La modernización de los sistemas de monitoreo hidrométrico, climatológico y de calidad del agua. La CONAGUA monitorea la cantidad (y calidad) de los recursos hídricos a nivel nacional, realizando mediciones y evaluaciones periódicas a través de una red de monitoreo que ya es muy vieja y obsoleta en muchos aspectos. Urge una renovación y modernización de esa red para poder tener datos confiables y de preferencia en tiempo real de precipitaciones, escurrimientos, calidad de las aguas, etc.

La actualización de los estudios de disponibilidad en cuencas y acuíferos. Muchos de los estudios que sirven de base para el cálculo de estas disponibilidades tienen décadas de haber sido realizados. Su actualización es urgente para que las decisiones de autorizar (o negar) un nuevo aprovechamiento esté sustentadas en datos más reales y actuales.

La identificación de necesidades de reforma y la elaboración de propuestas para mejorar la legislación vigente. Por ejemplo la regulación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. La prestación de estos servicios corresponde a los municipios de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 constitucional, sin embargo, corresponde a la CONAGUA impulsar las bases para que en todo el país podamos aspirar a recibir agua potable de buena calidad, con continuidad y presión adecuadas, además de que las descargas reciban tratamiento. Una ley (nacional) que regule los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento sería muy útil junto con un órgano regulador de esos servicios. Un impacto sostenible solo se logrará cambiando, de fondo, las reglas del juego.

Otro ejemplo es la tristemente célebre Ley General de Aguas, que debería regular el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento establecido en el artículo 4º de nuestra constitución desde el 2012. Van 4 legislaturas (con esta) que no logran cumplir con este mandato constitucional. La CONAGUA debe jugar un papel activo en proponer al Ejecutivo Federal las modificaciones necesarias a las leyes y reglamentos relacionados con el agua.

Ojalá que la siguiente administración decida invertir también en fortalecer el papel de autoridad de la Comisión Nacional del Agua.

*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR