Desde el pasado 5 de febrero, cuando el presidente de la República envió al Congreso de la Unión la propuesta para reformar la Constitución, se ha vertido mucha tinta de opinión y análisis, por parte de politólogos, juristas, políticos, académicos, periodistas y personas de la sociedad civil. Es normal que ante la heterogeneidad de opiniones no haya unanimidad respecto a la pertinencia, alcance y trascendencia de la propuesta. Cada quien tiene su propia óptica de visión. Si acaso, la única coincidencia es que en la actual legislatura no se aprobará y que habrá que esperar la nueva composición del Congreso de la Unión para someterla a discusión y, en su caso, aprobación.
Es incuestionable que nuestra centenaria Constitución ha sido reformada infinidad de ocasiones (más de 750 veces). Tal parece que como parte del ejercicio de poder y de buscar trascender a la historia, cada presidente no ha resistido la tentación de meter mano al texto constitucional; a veces de manera desmedida y voraz, más por intereses políticos particulares, que de la sociedad. Aunque también ha habido reformas de relevancia para el desarrollo político, social y cultural del país (reforma en derechos humanos, creación de órganos autónomos, voto de la mujer, autonomía indígena, derechos de la niñez, reforma penal, entre otros).
En un ejercicio de reflexión, con un enfoque de integralidad, identifico diversas perspectivas de análisis al proyecto presentado. Dos de ellas de tipo político-general: como acto político y como mecanismo constitucional. Y dos de corte jurídico: de contenido temático (involucra aspectos de política jurídica y de política y técnica legislativas), así como de prospección (escenarios de retrocesos y avances en su aplicabilidad). Por ahora sólo abordaré las dos primeras.
Como acto político. El presidente busca un doble propósito. Por un lado, meter el tema en la contienda electoral en curso, la cual presenta resultados inciertos; la sorpresa está latente, pues nada está decidido como pretende hacerlo creer el propio mandatario y el partido político que representa. Lo inevitable aún puede ser evitable. Por otra parte, se pretende establecer, constitucionalmente, lo que no se ha logrado en 5 años: la supuesta transformación del país, sustentada en la eliminación de contrapesos al poder presidencial, al suprimir y/o menguar órganos autónomos y debilitar al Poder Judicial Federal. Esa pretensión es inocultable.
Como mecanismo constitucional. Se ha optado por la vía tradicional de siempre, la del Congreso de la Unión. Lo cual en sí no está mal. Es la ruta institucional. Sin embargo, lo común en ese terreno es que se presente un diálogo de sordos y un debate estéril entre los legisladores, con posiciones dogmáticas-partidistas y ausencia de sustento técnico-científico; aunque puede haber acuerdos políticos. Ante este escenario, planteo una duda de fondo: frente a una propuesta de reforma de gran calado, con la que se busca una “transformación”, ¿qué papel debe jugar la sociedad? Por supuesto, un rol protagónico, pues en ella recae de manera directa -para bien y para mal- el impacto y repercusión de la posible reforma.
Voy a soslayar la entelequia de que los legisladores representan a la gente. En su lugar, propongo una reforma (¡faltaba más!), cuya premisa de partida sea que ante iniciativas de modificaciones a la Carta Magna, que conlleven el riesgo de retrocesos democráticos, se recurra, como filtro o condición previa al trabajo legislativo, a un referéndum o consulta popular, en los términos previstos en el artículo 35, fracción VIII constitucional.
Se incluirían varios aspectos. Uno, que el Congreso de la Unión, de manera obligatoria, realice un ejercicio de parlamento abierto, con la duración mínima necesaria para que participen representantes de todos los sectores de la sociedad y de las instituciones involucradas por la reforma. Dos, que las dudas que surjan en el parlamento abierto sean contestadas obligatoriamente y de manera técnica -no política- y sustentada en datos oficiales, por los promotores de la reforma. Tres, que los resultados del parlamento abierto sirvan de base para las adecuaciones necesarias al proyecto. Cuatro, que de persistir la iniciativa de reforma se realice la consulta popular en los términos previstos actualmente, la cual podrá incluir tantas preguntas como temáticas comprenda el proyecto (ejemplo, pensiones, órganos autónomos, reforma judicial, materia ambiental, etc.). Cinco, que sólo los temas que sean aprobados por la consulta popular serán incluidos en la propuesta de reforma que habrá de discutirse en el Congreso. Seis, que los temas que no fueren aprobados en la consulta popular serán retirados del proyecto por discutirse en el Congreso.
Usted amable lector(a) coincidirá conmigo en que la participación de la sociedad requiere una mayor materialización. Es una condición para fortalecer nuestra incipiente democracia.
Ante las disputas, diferencias y encono que prevalece en estas fechas, se requiere privilegiar el interés general social, por encima del político particular. Es necesario revisar otras alternativas encaminadas a lograr que las coincidencias superen los disensos y los egoísmos.
México necesita tener altura constitucional para consolidar su sistema democrático.
* Investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) eguadarramal@gmail.com
