Con el corazón apretando por dentro, es como los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa expresan su reclamo de verdad y justicia. Con el poder del fusil, es como defienden la impunidad quienes desde el poder ocultan la responsabilidad del Ejército en las desapariciones. Cuando solamente faltan dos meses para que se cumplan 10 años de este crimen de lesa humanidad ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se ha elevado el nivel de confrontación entre quienes desde abajo luchan por esclarecer los hechos y quienes desde el poder imponen toda clase de obstáculos.
El intento de los militares de llevar al banquillo de los acusados a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para Ayotzinapa, avalado por un juzgado que aceptó el interrogatorio a Alejandro Encinas a pesar de que la ley no permite que militares enjuicien a civiles, es la demostración palpable de que el poder del Ejército se ha incrementado y amenaza las libertades democráticas y los derechos humanos. La negativa del Ejército a entregar más de 800 folios en su poder a pesar de la orden presidencial, indica también la desmesura del poder que se les ha otorgado a los militares, en una dinámica que está siendo cada día más peligrosa para éste mismo gobierno y sobre todo para los retos que habrá de asumir el próximo.
“Señor Presidente: Para las víctimas de la violencia en México sigue siendo prácticamente imposible acceder a la justicia y a la verdad. Es natural que eso, sumado al inmenso dolor que cargamos, nos lleve a exigir con firmeza. Lo hacemos nosotros y lo hacen también muchos otros padres y madres que buscan a sus hijos e hijas en este país herido que aún tenemos, que no son recibidos por ninguna autoridad, a quienes siempre tenemos presentes. Exigir justicia y verdad no nos convierte en opositores políticos, ni mucho menos en sujetos pasivos de la supuesta manipulación de nuestros abogados ni menos aún en representantes de intereses extranjeros. Lo que queremos es saber qué pasó con nuestros hijos. Ojalá que eso no deje de entenderse y respetarse siempre en nuestro país y que sea lo que a usted le motive a continuar trabajando hasta el último día de su gobierno. Tenemos dignidad. Exigimos justicia y verdad. No más, pero tampoco menos.” Así concluye la misiva entregada en manos del Presidente López Obrador por parte de las madres y padres de los 43 desaparecidos durante la reunión sostenida el 29 de julio en Palacio Nacional, antes de la reunión con la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum.
“Los señalamientos sobre la necesidad de investigar el papel de los militares tienen que ver con la propia investigación, pues en ésta aparecieron poco a poco preguntas sobre la actuación de integrantes del Ejército antes, durante y después de los hechos. Antes de los hechos, porque se acreditó la infiltración ilegal de la Normal Rural de Ayotzinapa y los vínculos de militares con las organizaciones delictivas en Iguala; durante los hechos, porque esa noche los militares presenciaron complacientemente la desaparición de nuestros hijos y luego lo ocultaron de modo sospechoso en sus declaraciones iniciales; y después de los hechos, porque la SEDENA actuó y actúa con opacidad frente a la investigación, al no entregar toda la información pese a que así se instruyó desde el Decreto Presidencial del 4 de diciembre de 2018.
“Prueba de la mala fe del Ejército en el caso es que los militares una y otra vez han dado información falsa. Un ejemplo es suficiente para demostrarlo: En el anexo del documento que nos entregaron, la SEDENA niega que el estudiante desaparecido que trabajaba para dicha institución fuera parte de una infiltración deliberada de la Normal de Ayotzinapa, señalando en su documento que “no contaba con algún curso de inteligencia militar” y que la única razón de su estancia en la Escuela era “su deseo de superación personal por el bien propio y de su familia” (pág. 11). A partir de esa información de la SEDENA, en el reporte presidencial se nos dice que el mencionado compañero, quien tiene desde luego todo el derecho a ser buscado y sus familiares toda la legitimidad de víctimas, “no contaba con adiestramiento en materia de inteligencia militar ni mucho menos era un infiltrado, sino que se trataba de un joven que había recibido autorización de su comandancia para estudiar en la Escuela […] como parte de su deseo de superarse y convertirse en maestro rural” (pág. 8). Pues bien, es el caso que en la propia investigación se pudo obtener el oficio GAOI/5823 de fecha 21 de octubre de 2014 firmado por el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Alejandro Saavedra Hernández, en el que la SEDENA acepta que dicho joven había recibido entrenamiento para el manejo “de información sensible”, estaba desplegado en el municipio de Tixtla como “Órgano de Búsqueda de Información (OBI)”, seguía bajo las órdenes de sus superiores, y se encontraba con estos una vez a la semana para dar el Ejército información sobre la Normal, donde se inscribió “con la finalidad de adquirir la fachada de estudiante”. Siendo este el caso y existiendo el referido documento, sólo abona a nuestra desconfianza que el Ejército le mienta a usted, a nosotros y al pueblo de México en su último informe. Si en este tema los militares le presentaron a usted y publicaron información falsa, se confirma que tenemos razón en no confiar a ciegas en la palabra castrense. En ese sentido, seguiremos exigiendo la entrega de los cerca de 800 folios faltantes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala y en que una vez que estos sean entregados a autoridades civiles se permita su revisión y análisis por parte de un cuerpo independiente.”
“Como familiares de personas cuyo paradero no ha sido esclarecido, nosotros seguiremos interpelando a la responsabilidad del Estado y dialogando con quien debamos hacerlo. Nuestro amor a nuestros hijos nos obliga a ello.”
¡Porque Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Por ello es necesario seguir articulando nuestras fuerzas, conciencia y organización colectiva para continuar la lucha por Justicia, Verdad y Reparación, por los 43 y los miles de personas desaparecidas. Porque no puede haber democracia ni una vida digna con desaparecidos.
Foto: Eduardo García / Cortesía de los autores
