La militarización de la seguridad pública únicamente ha significado la creciente violencia y aumento en las violaciones a los derechos humanos. La lucha por una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos sigue siendo una tarea prioritaria en nuestro país para garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Hacer un recuento histórico del papel del Ejército en las políticas represivas, contrainsurgentes y de terrorismo de Estado, nos permite asegurar que a pesar de que se trata de ocultar las atrocidades cometidas durante décadas por militares a las órdenes de gobiernos autoritarios y represivos, tarde o temprano sale la verdad a la luz de las investigaciones independientes o de las propias instancias creadas por el Estado, como recientemente ha sido el caso del informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico y el Acceso a la Verdad que ya fue entregado a Gobernación y será público en poco tiempo, así como el Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa, que concluyó claramente señalando que las desapariciones fueron responsabilidad del Estado y que el Ejército tuvo una participación por acción y por omisión en las desapariciones.
En éste contexto, la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, es un claro intento de ocultar el papel desempeñado por el Ejército en la infiltración de los movimientos sociales, en labores de espionaje dentro de la propia Normal Rural, de su vinculación con sectores de la delincuencia organizada, de la corrupción ligada al trasiego de drogas y sobre todo de sus prácticas violatorias de derechos humanos como son las desapariciones y torturas que se cometen en las mismas instalaciones de los campos militares en Guerrero, desde la época del terrorismo de Estado contra el movimiento insurgente del Partido de los Pobres en la Sierra de Atoyac hasta Ayotzinapa misma.
El documento enviado por López Obrador no incluye la información que han estado esperando los padres y madres de los estudiantes normalistas hace casi ya 10 años, desde aquel 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es decir, el paradero y lo ocurrido con veracidad en ese crimen de lesa humanidad. Solamente hace un recuento de las acciones legales que han permitido detener a 119 funcionarios y servidores públicos desde el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y 17 militares entre otros implicados en las desapariciones, como la muestra del máximo avance en una investigación que dirige el propio presidente de la república. Lo más relevante sin embargo es la defensa absoluta del papel del Ejército para negar su participación en las desapariciones y el ataque sistemático en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos que han asesorado a los familiares de Ayotzinapa durante casi una década. ¿En dónde están los desaparecidos? Es la pregunta que no tiene respuesta en este documento firmado por López Obrador.
Durante décadas hemos coincidido en la lucha por la defensa de los derechos humanos con organizaciones que desde la montaña de Guerrero, como Tlachinollan, o la Ciudad de México, como el Centro Miguel Agustín Pro, que se han comprometido a fondo en el acompañamiento nacional e internacional a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, logrando la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes mediante un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de los obstáculos que el gobierno mexicano ha tratado de imponer a su labor. Los informes han sido públicos y han aportado información y análisis relevante sobre lo ocurrido en Ayotzinapa, no solamente sobre el papel del Ejército, sino todo el andamiaje del Estado que permitió que un evento de tal naturaleza pudiese haberse efectuado así.
Llama la atención que uno de los aspectos fundamentales del debate actual sea el papel del Ejército, ya que aun cuando López Obrador se comprometió a la desmilitarización de la seguridad pública durante su campaña electoral de 2018, llegamos al final de su mandato con el reforzamiento del papel del Ejército en todas las áreas de la vida social y económica en nuestro país, lo que prefigura una situación sumamente compleja para el siguiente gobierno que tendría que desmontar éste aparato si se pretende llegar a esclarecer la verdad histórica en el caso Ayotzinapa y en los casos histórico ocurridos durante el período de 1965 a 1990.
Por eso es que acompañamos a los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que nuevamente bajarán de la montaña de Guerrero a reunirse para estudiar la respuesta que darán estos días de la marcha por la 118 jornada de acción global y la reunión que tendrán el 29 de julio con el Presidente y con Claudia Sheinbaum la Presidenta Electa. No esperamos mucho, sólo que asuman el compromiso de llegar a la verdad y la justicia, dicen con cierta tristeza.
“No queremos venganza alguna, sino que haya justicia para que ninguna persona sufra el dolor de la desaparición de un familiar, como lo hemos padecido nosotros y que ha significado que varios padres y madres se hayan muerto de tristeza por no saber el paradero de sus hijos, me dice agradeciendo el apoyo y solidaridad de las organizaciones sociales y sindicales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, en ésta lucha desde hace ya casi 10 años”, nos expresaron Don Clemente, Don Tanis y Melitón Ortega, familiares de los 43 de Ayotzinapa.
Saludamos la reunión de la Asamblea Nacional Popular del 27 de julio al 3 de agosto a realizarse en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde exigirán que se vaya a fondo y no se encubra a quienes participaron encubiertos en la propia Normal o en el Juzgado de Barandillas donde fueron llevados cuando menos 17 estudiantes y luego fueron torturados y desaparecidos. Seguiremos apoyando su lucha por la verdad y la justicia, porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos, fue el Estado y fue el Ejército.
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