Enrique Guadarrama López*
En los primeros días de este último mes del año acudí a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a impartir el taller Reglas prácticas parainvestigar violaciones a derechos humanos. Me encontré con visitadores adjuntos y personal profesional atentos y receptivos, con quienes entablé una buena dinámica de intercambio de experiencias sobre su quehacer cotidiano; de manera particular destacaron las dificultades, rechazo e incomprensión que, en ocasiones, sufren por parte de las autoridades.
No voy a detallar el contenido del taller, pero sí les recalqué lo importante de tener firmeza institucional para que las autoridades se percaten de la seriedad desu labor de defensa de los derechos humanos. La clave está en la indeclinable convicción por el trabajo a favor de las víctimas. Así como la utilización, oportuna y adecuada, de las herramientas e instrumentos que otorga la ley.
Con lo escuchado me remonté a los inicios de la CNDH cuando había mucho desconocimiento y poco o nulo apoyo de las autoridades para la labor que llevábamos a cabo. Parece que los tiempos no han cambiado. Esa situación de desdén todavía se presenta en aquellas comisiones de derechos humanos que hacen un real trabajo de investigación de violaciones a derechos humanos; su batalla es muy fatigosa, pero más aleccionadora. Ojalá todas las comisiones de derechos humanos estuvieran en esa situación y no en la de mantener una situación acomodaticia y de buen entendimiento con las autoridades, en detrimento de los derechos humanos.
A poco más de tres décadas de la puesta en marcha del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos se ha avanzado en muchos aspectos, aunque todavía falta mucho trecho por recorrer. De ser organismos descentralizados, se alcanzó autonomía constitucional. De la no aceptación de una autoridad a una Recomendación, sin que le implicara consecuencias, ahora puede ser llamada por el Congreso para explicar su negativa, con la consecuente responsabilidad política. De contar con personal que en la trinchera del día a día, se convirtieron en verdaderos defensores de derechos humanos, a contar con un servicio civil de carrera.
Pero, por desgracia, también se contabilizan los retrocesos. De elegir como ombudsman a personas con experiencia en la defensa de los derechos humanos se ha pasado a casos lastimosos de designaciones basadas en lealtades ideológicas ajenas a la auténtica causa de los derechos humanos. De tener acceso irrestricto a expedientes administrativos y penales a poner trabas inauditas, como el tener que copiar de manera manuscrita las diligencias relevantes para la investigación de la violación de derechos humanos. De consolidar el servicio civil de carrera a su destrucción en aras de una supuesta transformación de la institución.
Me detengo en este último punto. La sociedad debe saber que en algunas comisiones de derechos humanos la llegada de nuevos titulares ha traído consigo la expoliación de defensores de derechos humanos que ahí se formaron a lo largo de los años. No hay un mínimo de análisis sobre la trayectoria, productividad o resolución de casos relevantes. Simplemente ignoraron e ignoran el diseño del servicio civil de carrera. Al igual que ocurrió con áreas como la financiera y bancaria en las que fueron despedidos personas especializadas y con una formación de muchos años, en algunas comisiones de derechos humanos ha ocurrido algo similar. Se ha echado por la borda la experiencia acumulada por lustros de trabajo en favor de los derechos humanos. El mundo al revés: una institución de derechos humanos que viola derechos humanos de su personal. Hay responsabilidad institucional en esa política adoptada.
Ni siquiera se previó la posibilidad de mantener apersonas que pudieran servir de guía de las nuevas generaciones de defensores de derechos humanos. Con una fórmula experiencia-juventud se pudo obtener mayor beneficio institucional.
Hay personas que se deben ver como eventuales polos de desarrollo de capital humano. Los tiempos de dificultades para los derechos humanos no permiten un desperdicio de tal magnitud.
* Investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
