El Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos y controvertidos del gobierno mexicano, ha generado un intenso debate nacional e internacional. Concebido como una obra de infraestructura que impulsaría el desarrollo económico y turístico del sureste de México, el proyecto ha sido criticado por su devastación ambiental, la mala planificación y los enormes sobrecostos en su construcción. A esto se suma la duda creciente sobre su viabilidad económica a corto y mediano plazo.
Desde su concepción, el Tren Maya fue presentado como un motor de desarrollo que conectaría importantes destinos turísticos y arqueológicos, fomentando el crecimiento económico en una de las regiones más necesitadas del país. Sin embargo, el costo ambiental de este desarrollo ha sido considerable. La construcción del tren ha implicado la deforestación de amplias áreas de selva, afectando la biodiversidad única de la región y el hábitat de especies en peligro de extinción. Además, ha generado preocupaciones sobre el impacto en los sistemas de agua subterránea, cruciales para la supervivencia de los ecosistemas y comunidades locales.
La planeación del proyecto también ha sido motivo de crítica. Muchos expertos argumentan que no se realizaron estudios de impacto ambiental y social adecuados antes de iniciar la construcción. Esta falta de planificación ha llevado a cambios constantes en el trazado de la ruta, incrementando los costos y prolongando los tiempos de construcción. Además, la falta de diálogo con las comunidades afectadas ha generado tensiones y conflictos, minando la legitimidad y el apoyo al proyecto.
Los sobrecostos en la construcción del Tren Maya son otro punto de preocupación, el proyecto originalmente se proyectó con un costo considerablemente menor, pero el presupuesto se ha incrementado exponencialmente hasta los más de 500,000,000,000 de pesos, cifra mencionada por el Secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados. Este aumento se debe a la mala planificación inicial, a los cambios en el diseño y al manejo ineficiente de los recursos. Estos sobrecostos representan un desvío de recursos públicos que podrían haberse destinado a otras necesidades urgentes del país, como la educación, la salud y la seguridad.
El éxito del tren dependía de una planificación cuidadosa y de estrategias de marketing que aún no están claras. Sin un flujo constante de turistas y negocios que utilicen el tren, el proyecto corre el riesgo de convertirse en una infraestructura subutilizada, incapaz de recuperar la inversión realizada y peor aún, ser un lastre para las finanzas públicas al requerir subsidios para su operación.
Mientras el Tren Maya prometía ser un proyecto transformador para el sureste de México, la realidad ha sido diferente. La devastación ambiental, la mala planificación, los enormes sobrecostos y las dudas sobre su rentabilidad a corto y mediano plazo plantean serios cuestionamientos sobre la gestión de este proyecto. La lección aquí es clara: el desarrollo económico no debe perseguirse a expensas del medio ambiente y la sociedad.
Resulta fundamental fincar responsabilidades en quienes ocasionaron un daño al erario público tan considerable, pues solo pueden existir tres explicaciones para que se triplicaran los costos de construcción, la primera es que se presentaron grandes casos de corrupción en las contrataciones públicas, la segunda es que existió una enorme incompetencia de los funcionarios encargados, y una tercera, es que fue una combinación de ambas, en cualquier caso deben rendir cuentas los responsables, y la ley debe aplicarse para evitar que en futuros proyectos vuelva a ocurrir lo mismo.
*Profesor de Tiempo Completo de El Colegio de Morelos.
