Seguridad vial y salud pública
Elisa Hidalgo Solórzano*
Las lesiones causadas por el tránsito (LCT), comúnmente llamadas accidentes de tránsito, amenazan el desarrollo sostenible por el alto e inaceptable número de defunciones que causan en el mundo (1.3 millones cada año), aunado a que decenas de millones de personas sufren lesiones no fatales y discapacidad. Las LCT afectan principalmente a población en edad productiva, e impactan directa e indirectamente el desarrollo económico y social de los hogares y familias en todos los países. Generan, asimismo, demanda de atención en los servicios de urgencias, hospitalizaciones y, por lo tanto, altos costos en salud.
En México, las LCT fueron reconocidas como problema de salud pública desde 1961. A partir de entonces se han implementado estrategias para su prevención y control, además de que nuestro país se ha sumado a las iniciativas globales impulsadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para disminuir la carga de las LCT. Si bien en México se han observado avances (como la reducción en el número de defunciones por LCT, que pasó de 17 102 en 2012 a 14 715 en 2021, y una disminución en la tasa de mortalidad de 14.6 a 11.4 defunciones por cada 100 000 habitantes), el número de personas fallecidas sigue siendo alto y afecta principalmente a peatones, ciclistas y motociclistas, considerados usuarios vulnerables de la vía pública. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2012 estimó que 1.38 millones de personas tuvieron una LCT, y seis años después la Ensanut 2018 reportó una reducción a 1.29 millones. Datos más recientes de la Ensanut Continua 2022 permitieron estimar que 1.61 millones tuvieron una LCT.
La OMS ha identificado como principales factores de riesgo para la ocurrencia de muertes y lesionados graves por esta causa: el exceso de velocidad; la conducción bajo los efectos del alcohol; el no uso de dispositivos de seguridad como el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil (SRI), y, específicamente entre los motociclistas, de casco protector.
A partir de 2020, el Instituto Nacional de Salud Pública, en colaboración con la Unidad Internacional de Investigación de Lesiones de Johns Hopkins, ha desarrollado estudios de monitoreo de algunos factores de riesgo en la seguridad vial en México. Entre los principales hallazgos se identificó que un tercio de los vehículos circulando en dos ciudades metropolitanas eran conducidos a exceso de velocidad: 98 de cada 100 autos circulaban a una velocidad por encima de los 30km/h, y más de 55% de las motocicletas eran conducidas a una velocidad que rebasaba los 50km/h. Las altas velocidades incrementan el riesgo de siniestros y de lesiones graves. Un aumento de 1 km/h en la velocidad promedio del vehículo incrementa en 3% el riesgo de choques que resultan en lesiones, y produce un ascenso de 4 a 5% en los choques fatales.
Aunado a lo anterior, 54 a 62% de los ocupantes de los vehículos usaban el cinturón de seguridad, y sólo entre 11 y 20 de cada 100 ocupantes de los asientos traseros lo empleaban; además, 1 de cada 5 ocupantes menores de cinco años viajaba en un SRI. Cabe señalar que utilizar el cinturón de seguridad reduce en 45-50% el riesgo de morir entre los ocupantes de asientos delanteros y en 25% entre los ocupantes de asientos traseros; además, el uso de SRI puede disminuir hasta en 60% las defunciones.
El uso correcto del casco (abrochado y ajustado) entre los motociclistas puede reducir el riesgo de muerte en 42% y de lesiones graves en la cabeza en 69% en caso de choque. Según lo observado en dos ciudades, 46 y 77% de los conductores usaban el casco correctamente, aunque los porcentajes disminuyen entre los pasajeros, con 25 y 59%, respectivamente. Esta información resulta muy relevante considerando que tanto el número de usuarios de motocicleta como el número de fallecidos han incrementado en los últimos años en todo el país.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en mayo de 2022, plantea dentro de sus objetivos prioritarios “la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos”, y en su artículo 11 define la seguridad vial como “el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de éstos”.
En este sentido, se requieren acciones a favor de sistemas seguros e integrales que permitan mejorar los marcos normativos y regulatorios; de ese modo se podría contar con infraestructura y velocidades seguras, vehículos y personas usuarias seguras, así como con atención prehospitalaria efectiva y oportuna para las personas lesionadas. Esto es, son necesarias estrategias con evidencia de su efectividad y acordes con las mejores prácticas globales; por ejemplo: límites de velocidad seguros (30 km/h para vías locales y colectoras, y 50 km/h en vías arteriales); cascos con probada eficacia para la protección de la cabeza en caso de impacto; vehículos más seguros con cinturones de seguridad de tres puntos para todos sus ocupantes y sistemas de anclaje para sillas (SRI), y vehículos más seguros con sistemas de frenado autónomo de emergencia y rediseñados para mejorar la seguridad de las personas (peatones, ciclistas y motociclistas). Por otro lado, es fundamental contar con sistemas para la recolección de datos sobre siniestros viales, defunciones, lesionados no fatales y factores de riesgo, para apoyar la evaluación y retroalimentar los esfuerzos y acciones tanto locales como nacionales en seguridad vial.
*Especialista en salud pública. Invitada por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce.
