Inseguridad en el espacio urbano: familias rotas en comunidades fracturadas
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) nuevamente es víctima social de una situación de inseguridad. El lunes pasado uno de nuestros miembros, Héctor Alejandro, no llegó a cumplir su jornada laboral, y hasta la fecha sigue desaparecido, su familia lo espera y nosotros, sus compañeros del ámbito laboral también. Aún no se cuenta con la certeza de lo sucedido, pero se sabe que él tenía la intención de viajar en autobús desde Toluca hasta Cuernavaca ese día por la mañana. Por tal motivo, su familia notificó el hecho a las fiscalías de justicia del Estado de México y de Morelos.
Para una institución como la nuestra ‒que todavía sufre el trauma de haber perdido violentamente, el mes de mayo pasado, a dos de sus integrantes y a un familiar cercano a ellos‒, el hecho de sufrir nuevamente la desaparición de un colaborador constituye un acontecimiento muy grave que no debería pasar desapercibido para las autoridades gubernamentales, dado que los actos delictivos se perpetúan por la enorme impunidad que existe en nuestro entorno. Desde el punto de vista estadístico, y en función de una proyección poblacional, estos lamentables sucesos constituyen la evidencia de un muy elevado índice de posibles hechos delictivos en un ámbito geográfico inmediato. Por esta razón, hacemos un exhorto a las autoridades, que son las responsables de brindar seguridad y justicia, para que encuentren en forma expedita el paradero de nuestro compañero de trabajo.
Desafortunadamente, a pesar de la conmoción institucional que experimentamos en mayo pasado, y de las posibles estrategias de colaboración interinstitucional que nos fueron prometidas en el ámbito estatal y local, las acciones sólo se quedaron en el discurso. En ningún momento hubo entre las autoridades la intención de llevar a cabo acciones conjuntas en las cuales el INSP, como institución académica, pudiera participar brindando asesoría en el ámbito poblacional para definir estrategias que permitan dimensionar el problema y orientar acciones de prevención del delito.
La seguridad ciudadana y la justicia constituyen un bien público para asegurar las normas de convivencia, y deben basarse en la confianza y la legitimidad. En contraposición, de acuerdo con expertos, la inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones y múltiples transgresiones de las cuales podemos ser víctimas. Es ese sentimiento de incertidumbre y vulnerabilidad que nos produce zozobra e intranquilidad por no sentirnos confortables en una situación cotidiana, y que se produce ante la sensación de que estamos ante un daño posible. Este tipo de percepción ciudadana y poblacional se establece cuando el entorno inmediato es presa de la violencia y cuando existe un clima generalizado de criminalidad; y su efecto trasciende negativamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas. De hecho, en una dimensión subjetiva, la percepción de inseguridad produce miedo, temor y desconfianza, lo cual afecta la parte emocional, psicológica y cognitiva de los individuos y altera la salud mental colectiva.
Muchas de las causas de la criminalidad son atribuibles a las enormes disparidades sociales y a la falta de una solidaridad comunitaria; por esta razón, la búsqueda de una equidad social y económica es la estrategia de política pública a seguir. Paralelamente, lo que como sociedad civil debemos promover y vigilar es una coordinación efectiva de los servicios de seguridad pública para que sean apropiados, proporcionales y oportunos, y para que se enfoquen en resultados positivos. Desde una perspectiva metafórica de la salud pública, la violencia urbana no debería ser catalogada como una enfermedad infecciosa sumamente contagiosa, sino derivada de su principal fuente de exposición, esto es, no propiamente de un ambiente vecinal tóxico, sino de una enorme inequidad social.
La prevención de la violencia es una agenda compartida y, por lo tanto, debemos desarrollar y trabajar de manera conjunta para lograr reducciones notables. Sin importar el desafío, instituciones académicas como el INSP debemos contribuir a la comprensión, el diagnóstico y la evaluación de la violencia urbana. Debemos prevenir el sufrimiento y la fractura familiar derivada de la pérdida de uno de sus miembros y/o de una parte de su patrimonio, porque la persistencia de la inseguridad urbana nos llevará al enorme riesgo de padecer ciudades fracturadas y segregadas. Busquemos, lo más pronto posible, estrategias de cohesión social.
* Especialista en salud pública.
