Proteger el derecho de la niñez a una alimentación libre de productos que dañan su salud
Juan Rivera Dommarco*
México enfrenta una epidemia de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación. De acuerdo con las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición, alrededor de 75% de las mujeres y 70% de los hombres adultos, 42% de los adolescentes y 37% de los escolares viven con sobrepeso u obesidad. Asimismo, 16% de los adultos viven con diabetes y 28% viven con hipertensión. Como resultado de esta situación, más de 40% de las muertes en México se deben a enfermedades del corazón, diabetes y cáncer, tres enfermedades relacionadas con una mala alimentación.
Simultáneamente tenemos la paradoja de que 26% de los hogares en México registran inseguridad alimentaria moderada o severa, y de que 14 y 33% de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica y anemia, respectivamente. Es decir, hemos sido incapaces de erradicar el hambre y la desnutrición, y al mismo tiempo padecemos de una epidemia de obesidad y enfermedades relacionadas con nuestra alimentación.
Estas cifras alarmantes señalan la necesidad urgente de modificar nuestra alimentación, especialmente la de las nuevas generaciones de niños y niñas.
México cuenta con una gastronomía considerada patrimonio de la humanidad pero, a pesar de nuestra rica cultura alimentaria, a partir de las décadas de los setenta y ochenta hemos experimentado una transformación profunda de nuestra alimentación, incitada por la urbanización y por cambios profundos en el sistema alimentario; estos últimos llegan a abarcar la producción, la distribución, el procesamiento, el mercadeo y el abasto de alimentos, debido a la incursión de grandes empresas transnacionales que controlan dicho sistema y a la apertura comercial sin límites.
Lo anterior ha llevado a la proliferación del consumo de productos comestibles ultra procesados que aumentan el riesgo de obesidad y varias enfermedades crónicas, incluyendo diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, del riñón y gastrointestinales, así como depresión y mortalidad. Además, los productos ultra procesados desplazan el consumo de alimentos frescos (verduras, frutas, leguminosas, oleaginosas, granos enteros) y platillos cocinados en casa que reducen la ganancia de peso y preservan la salud. Es decir, además de causar enfermedad y muerte prematura, los alimentos ultra procesados desplazan a los alimentos frescos que protegen nuestra salud.
El 30% de las calorías que consume diariamente la población mexicana provienen de alimentos y bebidas ultra procesados, de las cuales casi una cuarta parte son refrescos y bebidas industrializadas con azúcares añadidos. Más grave aún es el elevado consumo de productos ultra procesados en los niños, niñas y adolescentes, lo que vaticina aumentos en enfermedades y muertes prematuras de estas generaciones cuando alcancen la edad adulta. El consumo de productos ultra procesados en niños menores de cinco años es de 39%; en niños de 5 a 11 años es de alrededor de 35%, y en adultos, de 26%.
La calidad de la alimentación de los niños y niñas en un periodo en que paulatinamente van desarrollando su autonomía no depende de ellos, sino de lo que les ofrecemos los adultos. El gobierno y la sociedad civil tenemos el deber de proteger a los menores mediante medidas que restrinjan la disponibilidad y el acceso a alimentos y bebidas no saludables en los entornos en que viven, crecen, aprenden y se divierten (estancias infantiles, escuelas, unidades de salud, parques y vía pública).
¿Quién protege a los niños del agresivo mercadeo de refrescos y comida chatarra que daña su salud? ¿Quién los protege del moderno mercadeo digital al que los niños están expuestos cada vez que utilizan sus teléfonos celulares u otras pantallas? ¿Quién los protege de que las empresas de alimentos chatarra utilicen sus datos, cuando los pequeños acceden a las páginas web y los videojuegos de estas empresas, para manipularlos y convertirlos en consumidores asiduos de sus productos dañinos?
Frente a este panorama el Instituto Nacional de Salud Pública propuso a un grupo de académicos y miembros de la sociedad civil desarrollar una Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual cuenta con el aval del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de Nutrición.
Si los gobiernos, las familias y la sociedad en su conjunto no protegemos los derechos y el futuro de nuestras niñas y niños, ¿quién lo hará?
Si te interesa saber más sobre la alianza o sumarte a ella, te invito a entrar en la siguiente liga: https://www.insp.mx/avisos/lanzan-el-consenso-de-cuenca
* Especialista en salud pública. Invitado por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce.
