Hacia una política equitativa de acceso a la atención médica en México
Emanuel Orozco*
En materia de provisión de servicios médicos, la fragmentación del sistema de salud y la inequidad social son los retos más importantes de las políticas de salud en México. Estos retos han persistido desde la segunda mitad del siglo pasado en nuestro país, generando una innecesaria diferenciación entre segmentos de la población que cuentan con seguridad social (trabajadores manufactureros, burócratas, fuerzas armadas, petroleros) y otros que no (campesinos, empleados asalariados con contratos temporales, personas autoempleadas, taxistas, trabajadoras domésticas, comerciantes). Ante ello, se han implementado algunas políticas sociales que han resultado insuficientes para atender a las poblaciones más desprotegidas.
Existe un conjunto de mitos que dan sustento a la segmentación prevaleciente en nuestro sistema de salud: el primero es que la seguridad social se adquiere a través de tener un trabajo; el segundo es que la población sin un empleo permanente trabaja en la informalidad, y el tercero es que la política de salud es una temática de expertos. Estos mitos han servido de soporte para mantener estructuras de provisión de servicios médicos relativamente estables, representadas por las distintas aseguradoras médicas públicas (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos); éstas coexisten con otras menos financiadas y sujetas a las disposiciones de la política pública sexenal para la población sin seguridad social, constituidas por los servicios estatales de salud pública. Un tercer proveedor es el sector privado, que ha sabido crear nichos de mercado para funcionar a partir del aseguramiento y la venta de servicios derivada de la demanda insatisfecha en el sector público.
La consecuencia de mantener tal modelo es que prevalecen esquemas de provisión de servicios médicos que dependen de la afiliación a la seguridad social adquirida a través de una relación laboral, en donde el segmento no contributivo, y generalmente más desfavorecido, recibe los servicios más limitados.
La superación de estos mitos requiere de ciudadanizar la discusión sobre la segmentación del sistema de salud y sus consecuencias, bajo la visión de que un sistema de salud integral es posible. Un agente dinamizador de las innovaciones en los sistemas de salud considerados ejemplares, como el alemán, el inglés o el costarricense, ha sido una visión de Estado para poder avanzar hacia un sistema justo y equitativo. En dichos sistemas, los derechos son universales y, bajo un principio de equidad, se asignan recursos conforme a las necesidades de los grupos desfavorecidos. Para ello, en esos países se han creado las condiciones laborales y sociales que permiten establecer un piso parejo de servicios esenciales para todas las poblaciones. Al mismo tiempo, se ha trabajado durante décadas para innovar la organización de sus esquemas de provisión de servicios médicos, procurando generar los recursos financieros suficientes para cumplir con las expectativas ciudadanas mediante mecanismos contributivos y fiscales.
En el escenario de cambio electoral venidero es esencial discutir que la segmentación de los sistemas de salud es innecesaria y antidemocrática, toda vez que no existen argumentos suficientes para privar a más de la mitad de la fuerza de trabajo de los beneficios de la seguridad social, la cual no puede seguir siendo un privilegio injustificado. No debemos perder de vista que la seguridad social incluye además fondos de vivienda y retiro, beneficios a los cuales accede en la actualidad únicamente la tercera parte de la fuerza de trabajo en México. Algunos de los casos de referencia en materia de universalizar los alcances de la seguridad social son los países nórdicos, en donde esta última se adquiere por nacimiento y no está vinculada a la condición laboral.
* Especialista en salud pública. Invitado por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce.
