Utilización de servicios públicos de salud en México: Uno de los retos críticos del sistema de salud
Sergio A. Bautista Arredondo*
Cuando las personas enfrentan problemas de salud y se ven en la necesidad de buscar atención médica, el derecho universal a la salud se concreta. El grado en que el gobierno puede ofrecer servicios de calidad, gratuitos, accesibles y oportunos influye significativamente en la protección y el bienestar de su población. En México, la materialización del derecho a la salud está íntimamente ligada a un sistema de salud caracterizado por la fragmentación y por disparidades en el acceso; a su vez, estas últimas están determinadas en gran medida por el estatus laboral de las y los ciudadanos. La utilización del sistema de salud en México es un fenómeno complejo ligado a las elecciones de la población en la búsqueda de servicios médicos.
El acceso a atención médica dentro del sistema de salud mexicano presenta una marcada división entre aquellas personas que están incorporadas al sector formal de la economía y aquéllas que se emplean en el sector informal. Las personas que trabajan en el sector formal generalmente disfrutan del acceso universal a la atención médica, de manera que se benefician, en general, de servicios integrales y gratuitos. En cambio, el sector informal, que abarca una parte significativa de la fuerza laboral mexicana, enfrenta mayores barreras para acceder a servicios públicos de atención médica. Los servicios que puede obtener este grupo de la población son frecuentemente mínimos y de calidad subestándar, lo cual pone de manifiesto una profunda desigualdad en la provisión de servicios de salud en México.
La derechohabiencia es crucial, sin duda. Sin embargo, no es el único factor que influye en las decisiones de los individuos al buscar atención médica. Las percepciones de accesibilidad y calidad desempeñan un papel fundamental también. La población mexicana tiene que decidir si acude o no a los servicios públicos de salud, con base en sus evaluaciones y percepciones respecto a la efectividad de estos servicios. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ‒instrumento representativo de la realidad nacional y que ha documentado el estado de salud de la población mexicana durante las últimas tres décadas‒ revela una tendencia preocupante relacionada con estas decisiones: menos de 50 por ciento de la población opta por usar servicios públicos cuando se enfrenta a una necesidad de salud. En la ronda más recientemente publicada, que corresponde al año 2022, 24.6 por ciento de la población total reportó haber tenido una necesidad de salud en los últimos tres meses, y sólo 44 por ciento de ellos recibió atención en servicios públicos. Este resultado no ha cambiado sustancialmente, al menos desde 2006.
Los mismos datos señalan un cambio gradual en el comportamiento de búsqueda de atención médica durante los últimos 20 años, con una disminución notable en la proporción de la población que elige no buscar atención en absoluto. Sin embargo, al mismo tiempo, ha habido un aumento significativo en la utilización de los servicios de salud privados. Notablemente, en la última década, los consultorios adyacentes a farmacias se han convertido en una opción popular para un segmento considerable de la población. Lamentablemente, esta tendencia no está exenta de riesgos para la salud de las y los pacientes, principalmente debido a una atención de mala calidad acompañada de incentivos para la sobreprescripción. En el caso de México este fenómeno es desigual: si bien toda la población usa servicios privados ‒incluyendo quienes tienen seguridad social‒, el uso de dichos servicios es más elevado entre aquellas personas sin derechohabiencia.
La preferencia de casi la mitad de la población mexicana por pagar servicios de salud privados en lugar de usar servicios públicos gratuitos cuando enfrenta una necesidad de salud subraya un desafío crítico para el gobierno mexicano en su búsqueda por proporcionar atención médica para todos. Los factores clave que impulsan este comportamiento incluyen la percepción de falta de accesibilidad, mala calidad de los servicios, escasez de personal y existencia insuficiente de medicamentos. En 2022, se documentó que 71 por ciento de los motivos por los que las personas no se atendían en servicios públicos se relacionaban con barreras de accesibilidad (afiliación, la cercanía y, paradójicamente, el costo), y 21 por ciento, con la percepción de mala calidad de la atención. Estos resultados reflejan problemas arraigados dentro del sistema de salud pública que requieren soluciones integrales y complejas.
Para abordar estos desafíos es necesario ampliar el esfuerzo por mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud. En la medida en que estos servicios gradualmente satisfagan más necesidades y las expectativas de todos los segmentos de la población, independientemente de su estatus laboral, se podrá influir en la decisión de usar el sistema público. Esto requiere invertir en infraestructura, aumentar la fuerza laboral de salud, asegurar el suministro adecuado de medicamentos y mejorar la experiencia general de las y los pacientes en las clínicas y hospitales del sistema público. Conforme esto suceda, se requiere de una sólida campaña de educación pública para mejorar las percepciones en torno a los servicios públicos de salud. Al destacar las mejoras en la calidad y accesibilidad, el gobierno puede fomentar una mayor utilización de la atención médica pública, reduciendo la dependencia de la población respecto a los servicios privados.
* Especialista en salud pública. Invitado por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce.
