Movilidad, migración y salud en el contexto de la pandemia por COVID-19
La relación entre movilidad poblacional internacional y salud se ha ido consolidando como un eje para la explicación, el diseño y la implementación de la respuesta social ante diversos problemas de salud a nivel mundial. Sin embargo, el conocimiento y las políticas globales para responder a los distintos procesos de movilidad se han desarrollado de manera fragmentada y escasamente integrada. Lo anterior se puso más en evidencia en 2020, durante la pandemia por COVID-19, cuando se implementaron medidas de control de la movilidad y políticas migratorias restrictivas para enfrentar la transmisión de contagios. La crisis sanitaria visibilizó la necesidad de vincular ambos campos de conocimiento y contribuir con insumos para la toma de decisiones en pro de la garantía de los derechos de las personas migrantes.
La publicación reciente del volumen 66, número 2, de la revista Salud Pública de México, sobre “Movilidad, migración y salud en el contexto de la pandemia por COVID-19” (revista científica cuya edición está a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública), surge como un esfuerzo colaborativo para articular el conocimiento científico especializado con la dinámica migratoria y la salud, a fin de responder a las necesidades emergentes durante y después de la pandemia de COVID-19. Asimismo, subyace el propósito de visibilizar y discutir, desde distintas perspectivas, las respuestas implementadas, con miras a consolidar un campo de conocimiento sólido y convergente a partir de temáticas como: la salud mental, la exposición a la violencia, la inseguridad alimentaria, las percepciones y autopercepciones de la salud, y la respuesta de la sociedad y los sistemas de salud para atender a las distintas poblaciones migrantes de América Latina y Estados Unidos.
La evidencia generada muestra la heterogeneidad regional de las políticas públicas implementadas, que en su mayoría buscaban contener la diseminación de la pandemia aplicando medidas para reducir significativamente la movilidad poblacional, en un contexto socioeconómico y de organización de servicios de salud con importantes limitaciones estructurales. Al respecto, presentamos abajo algunos datos que muestran el panorama general de salud que prevalecía entonces y la repuesta que hubo en algunos países, según estudios publicados en dicho número de la revista:
- Trabajadores agrícolas migrantes en Estados Unidos: los trabajadores con visa laboral temporal (H-2A) presentaron una mayor aceptación a ser vacunados contra COVID-19, más que los trabajadores irregulares (sin visa H-2A) (94.7 vs. 65.9 por ciento). Una proporción importante de trabajadores con visa (29.6 por ciento) continuó trabajando mientras estaba enfermo o dio positivo a pruebas de COVID-19 (https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14856).
- Violencia contra mujeres migrantes: 62.7 por ciento de mujeres reportaron haber vivido diferentes situaciones de violencia en su país de origen (73 por ciento procedían de países de Centroamérica), lo que las obligó a su salida, y 54 por ciento viajaban acompañadas de menores de edad. Señalaron presentar una mayor frecuencia de problemas de salud que las mujeres migrantes económico/laborales (36.1 vs. 24.2 por ciento). El 70 por ciento de los problemas fueron atendidos en casas del migrante y por otras organizaciones sociales. (https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14812/12520)
- La salud entre migrantes venezolanos en Colombia, Costa Rica y Chile: las mujeres representaron entre 52 y 58 por ciento del total de migrantes. Se percibían con “buena” y “muy buena” condición de salud en Santiago de Chile (62 por ciento) y Santa Marta, Colombia (74 por ciento) (https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/15239/12515).
- Política nacional de salud para migrantes internacionales en Chile: desde la implementación en 2017 de dicha política, se generó evidencia que muestra la reducción de brechas en tres indicadores: migrantes sin seguro de salud (15.8 por ciento en 2017 vs. 10.9 por ciento en 2020); egresos hospitalarios sin seguro de salud (25.5 por ciento en 2014 vs. 6.6 por ciento en 2021), y no haber recibido atención médica ante un problema de salud percibido en los últimos tres meses (11.8 por ciento en 2015 vs. 8.6 por ciento en 2020) (https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14869).
La evidencia muestra las condiciones de vulnerabilidad social en salud experimentadas por la población migrante desde sus países de origen, durante el trayecto y en el lugar de destino; asimismo, las características de la respuesta gubernamental y social en los países de la región.
El Instituto Nacional de Salud Pública, El Colegio de México y El Colegio de la Frontera Norte, en colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno de México y los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos fueron las instituciones responsables de impulsar la difusión de los estudios referidos, a través de la revista Salud Pública de México. Ello tiene el propósito de aportar un insumo para la toma de decisiones a nivel nacional y regional, en relación con la experiencia de un grupo social que contribuye de forma significativa (social y económicamente) con sus comunidades de origen.
* Especialista en salud pública invitado por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce.
