El acceso a la información pública es un derecho humano, aunque pocos lo consideren así. Ese tipo de información nos compete a todos y que se nos niegue o se cierren las vías para acceder a ella es como si alguien se negara a darnos nuestro número del seguro social o el de nuestro teléfono celular.
El erario se conforma de dinero público y, como tal, los que aportan los fondos tienen el derecho de exigir cuentas e información sobre la forma en que se está ocupando. Salvo contadas -y muy justificadas- excepciones, las instituciones públicas tienen la obligación de ser transparentes y abiertas al escrutinio de la ciudadanía porque ahí hay bienes públicos.
Ayer quedó inoperante el Comité de Participación Ciudadana Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos (CPCSAEM)porque los legisladores han olvidado nombrar a nuevos miembros.
El 1 de mayo concluyó el período de María Juana Damiana Herrera Mota como presidenta del CPCSAEM y quedó en su lugar Alejandro Enrique Hermida, no solo como presidente, sino como único miembro. Poco nos duró el gusto, pues hace apenas alrededor de ocho años que este tipo de órganos funcionan en todas las entidades del país.
Es un grave descuido y es muy natural que levante sospechas y estas son un ácido que corroe lentamente la credibilidad de las instituciones.
Quien nada debe, nada teme, entonces ¿por qué negar la participación de la ciudadanía en un órgano encargado de perseguir a la enemiga favorita de todos llamada “corrupción”, que supuestamente todos queremos erradicar de nuestro estado y de nuestro país.
En cambio, al entorpecer la vigilancia y el escrutinio es inevitable que cualquiera se pregunte qué es lo que se pretende esconder.
Desde luego, también se podría pensar que las instancias pertinentes han alcanzado un grado de eficiencia tal que ya no requieren de ayuda para acabar con la corrupción en la administración pública del estado, pero, si así fuera, aun se necesitaría que sus esfuerzos y logros fueran avalados por alguien, y esa sería la mejor carta de recomendación para cuando los integrantes de esas instancias quisieran continuar su carrera política.
En cambio, transcurren en sentido opuesto, la opacidad y el desdén por cumplir con las obligaciones que les fueron encomendadas y que, en el caso del CPC, tienen que ver con la Constitución de la República y con la Constitución del Estado, ni más ni menos.
Esperemos que solo sea un descuido y pronto haya los nombramientos necesarios para que el Comité vuelva a funcionar normalmente y también esperemos que, cuando esto suceda, este Comité, por fin, también cumpla con sus obligaciones. Pero ese es un tema aparte.
