Josemanuel Luna-Nemecio
Como cada cierre de año, viene bien hacer un balance tanto de los logros, avances, retrocesos, tropiezos y uno que otro sabor amargo que vivimos en los meses que anteceden a diciembre. En este sentido, en lo que sigue presentaré una muy breve reflexión panorámica acerca de uno de los síntomas más graves de la actual crisis eco social que se vive en Morelos: la urbanización voraz e insustentable del territorio.
Los municipios de Cuautla, Ayala, Yecapixtla, Yautepec, Atlatlahucan Tepoztlán, Huitzilac Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Jojutla han quedado fundidos en un arco urbano (Arco Urbano Morelense) como resultado de una irresponsable, sesgada y dolosa reglamentación y normativa del uso de suelo por parte de los tomadores de decisiones en cuestión del ordenamiento territorial y desarrollo urbano. A esta situación, se suma el contubernio que los tomadores de decisiones a nivel gubernamental establecen con los representantes del cartel inmobiliario que opera impunemente en Morelos desde hace varias décadas. El modus operandi de estos grupos de poder va desde el ir despojando o esquilmando impunemente a los ejidatarios o comuneros de sus tierras; impulsando “accidentales” incendios forestales; encubriendo y financiando el actuar de talamontes y otros grupos de choque (como sucede con Antorcha Campesina); o, bien, amañando las mesas de trabajo para la definición del programa de ordenamiento territorial y ecológico del estado.
En este sentido, los procesos de urbanización de Morelos se distinguen por la especulación del valor de las viviendas mediante la construcción de colosales unidades habitacionales (ya sea inhabitadas dados sus altos costos y la carencia de servicios públicos básicos; o, bien, inhabitables en tanto que fueron construidas con materiales de pésima calidad, lo que les vuelve espacios domésticos de alto riesgo para sus dueños). Otra característica de lo urbano en Morelos está en la construcción masiva e incontrolable de centros comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia, hoteles, casinos, gasolineras, bares y restaurantes; esto último se ha traducido en la generación de innumerables espacios nocivos y dinámicas de recreación degradada de la vida urbana. Todo ello avanza de forma preocupante hacia lo que parece ser la inminente transformación general de Morelos en la ciudad burdel del centro del país.
Además, las comunidades urbanas y rurales dentro del estado de Morelos han tenido que aprender a convivir con los olores, paisajes, fauna nociva y contaminación que a diario derivan de los basureros a cielo abierto o de los rellenos sanitarios cuya operación está a cargo de verdaderas mafias. Esto ha sido resultado de la falta de una estrategia de gobernabilidad que atienda el colapso del sistema de recolección, almacenamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos urbanos en la entidad; al mismo tiempo que permite la importación de miles de toneladas de residuos sólidos que a diario produce la Ciudad de México.
Sin olvidar mencionar que, como ejes que estructuran cada uno de los espacios de consumo degradante de la vida cotidiana en los municipios urbanizados de Morelos, se establecen toda una serie de largos entramados de vías de comunicación y de transporte. La lógica de movilidad vehicular está constituida a partir de la figura que representa el automóvil privado como vehículo predilecto para la movilidad urbana; esto ocurre, sin que en la entidad haya algún proyecto local, estatal o federal de generación de un transporte colectivo público y, menos aún, que planee funcionar con energías renovables.
A este respecto, haría bien que los tomadores de decisiones —tanto los ya electos como los que aspiran a ocupar un cargo público en 2024— tomasen en serio la responsabilidad de generar estrategias para reactivar los proyectos de tranvías, metrobuses, ferrocarriles y trolebuses en la entidad. Aun cuando esto les signifique tener que sentarse a negociar con las asociaciones de taxistas, ruteros y las concesionarias de los servicios de autobuses interurbanos y foráneos que, hasta la fecha, constituyen un cacicazgo que monopoliza el transporte de pasajeros en la entidad.
Desafortunadamente, los diversos problemas urbanos en la entidad van mucho más allá de los arriba enunciados. Por lo tanto, los tomadores de decisiones que tengan a bien ocuparse de ellos en sus agendas políticas —esperemos que no politiqueras— para 2024, piensen y, sobre todo, actúen con seriedad acerca de estos temas de la ciudad; además de no realizar diagnósticos y análisis cortoplacistas del fenómeno. Es de esperarse que se den la oportunidad de pensar la actual crisis urbana en conexión, sincronía y superposición con los problemas eco sociales derivados de la actividad industrial que, en Morelos, amenaza por convertir a la entidad en una zona de sacrificio socioambiental.
En pleno avance del siglo XXI y ante la crisis general del ambiente que acontece a tanto a escala global como nacional, se torna urgente que en Morelos exista una agenda ecológica que, en principio, defiende la autodeterminación y soberanía de México en lo que respecta al cuidado socioecológico del ambiente. Y que, por lo tanto, deje a un lado los “cantos de sirena” de la Agenda 2030, pues ésta establece lineamientos de corte globalista (con intereses claramente norteamericanos) para la defensa del ambiente desde una perspectiva ecofascista.) Además, urge que la política ambiental de Morelos para el 2024 deje de promover a la gobernanza —hoy en crisis al igual que el neoliberalismo que le sustentara y promoviera desde fines del siglo XX hasta nuestros días— como espacio de gestión política a partir de la cual tan sólo se proponen respuestas utópicas en torno a la grave crisis ambiental que vive el estado.
En este sentido, desde el desarrollo sostenible que hoy permea en las políticas públicas, se fantasea con una democracia ideal y armónica, en la que se busca ocultar los intereses que los actores representantes del capital tienen y defienden a la hora de sentarse a la mesa de las negociaciones —vestidos ya sea de traje y corbata o con la camiseta verde de alguna ONG ambientalista— para negociar una justicia ambiental (como si el medio ambiente limpio tuviera que ser objeto de negociación y no un derecho colectivo de los pueblos); o, incluso, respuestas que, desde el neozapatismo, sostienen una visión romántica de lo indígena pero que, paradójicamente, no representan ni la voz ni esencia, y muchos menos las estrategias, del Consejo Nacional Indígena.
A contrapelo, para 2024, se requiere que lo socioambiental tome por asalto los discursos políticos, académicos y sociales; y, desde allí, lograr que el cuidado del ambiente y el desarrollo social se vuelvan un tema que defina una estrategia colectiva y comunitaria que, precisamente, ponga en el centro a las comunidades urbanas y campesinas como actores clave para la reconstrucción del estado de Morelos.
Este sería uno de los mejores propósitos de Año Nuevo que, los tomadores de decisiones a nivel gubernamental podrían proponerse y que la Academia podría impulsar y acompañar, para que Morelos vuelva a ser el lugar de la Eterna Primavera y que no se convierta en uno más de los infiernos ambientales que en México produjera la larga noche neoliberal. Esto último es, al menos, mi mejor deseo para el año tan incierto que se nos avecina; pues hoy más que nunca hace falta el desarrollo de una ciencia digna, ética y con responsabilidad socioambiental que tenga como principal objetivo generar una incidencia en el proceso de empoderamiento político de las comunidades. El futuro nos dirá, si al final, como sociedad logramos estar a la altura de los tiempos.
¡Salud, ambiente y rebeldía!
*Universidad Autónoma Metropolitana
