Hace no mucho tiempo el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, informó a los medios, en una de tantas entrevistas “banqueteras” en las que se habla de diversos temas pero sin profundidad en ninguno, que se habían hecho importantes avances para dilucidar el asesinato del ambientalista Samir Flores Soberanes, ocurrido en febrero de 2019, y aseguró que pronto habría detenciones. Pero nadie le creyó.
El 24 de febrero de 2020 había dicho lo mismo y se lo aseguró al mismísimo Presidente de la República, quien se había referido al primer aniversario del crimen contra Samir. En aquella ocasión, hace tres años y medio, también dijo que ya se habían hecho importantes avances y que pronto habría detenciones.
“Por supuesto que me enteré de la mención del señor Presidente de la República -le dijo a los medios en febrero del 2020, vestido con una gabardina gris después de un evento para prevenir el uso de drogas entre niños y adolescentes- tenemos el asunto nosotros en la Fiscalía del estado. Tenemos una gran responsabilidad. Es un asunto muy, muy importante para Morelos y para el País, es un asunto que cobró dimensiones internacionales. Estamos ya muy cerca de obtener un resultado, va a haber detenciones, vamos a resolver ese caso, no va a haber impunidad, esta es una garantía que da la Fiscalía del estado, estamos trabajando todos los que tenemos en nuestras manos este asunto para sacar un resultado. Entonces, si me está oyendo el señor Presidente, su gente, sepa que esto no va a quedar impune y se va a aclarar”.
En aquel entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador le había pedido a las autoridades morelenses que se resolviera el asesinato y que investigara con prontitud puesalgunos habían tratado de responsabilizar al gobierno federalde los escasos resultados en el caso Samir.
Ahora habría que decirle al Presidente de la República que estamos peor que antes. Resulta que el único sospechoso del caso, a quien la Fiscalía acusó de ser uno de los asesinos materiales, puede probar que en el momento de los hechos se encontraba en Guerrero bajo custodia de la policía de aquel estado y, no solo eso, sino que desde hace casi un año ya lo sabía la FGE, la cual lo ha mantenido en cautiverio,presumiblemente, sin tener motivo alguno.
Según Gustavo Navez Jiménez, quien era director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Olinalá, Guerrero, el acusado por la Fiscalía de Morelos estaba detenido por alteración del orden público en el momento de los hechos y fue liberado el mismo día del homicidio aunque horas después del crimen, perpetrado alrededor de las 5 de la mañana en el municipio de Temoac.
De acuerdo a la nota de nuestro compañero Carlos Quintero, “Gustavo Navez también confirmó que la Fiscalía de Morelos lo citó el 23 de agosto de 2022 para la celebración de una diligencia, en donde aseguró la bitácora de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Olinalá”, en donde se detalla la detención del acusado.
Todavía peor: Samantha César y Jaime Domínguez, integrantes del Frente en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala aseguran que la FGE, se niega a entregar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión el expediente del caso. Según los activistas, compañeros de Samir, la Fiscalía está haciendo lo posible para evitar que la investigación sea atraída por una instancia federal.
Los ambientalistas aseguran que esto “demuestra, una vez más, todo lo que hemos denunciado: que en la FGE hay una inacción y ocultamiento de la investigación del asesinato de nuestro compañero Samir Flores”.
Quizá no cabría esperar otra cosa después de ver que la garantía que el Fiscal le extendiera al propio Presidente de la República no ha servido para nada y, al contrario, la podría haber utilizado como coartada para mantener en la cárcel a un posible inocente.
