En esta misma semana comentábamos el caso de Dulce Gabriela Flores González, una madre de Cuautla. Tan solo el 25 de julio informábamos que se encontraba desaparecida y que sus familiares se encontraban preocupados por ella dados sus antecedentes de violencia intrafamiliar.
Ayer informamos que el cuerpo de Dulce había sido localizado en un hotel de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. El Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, que reportó el hallazgo, dijo que presentaba huellas de violencia.
Dulce fue víctima de muchos tipos de violencia: vicaria, por un marido que secuestró a sus hijos y quien después gozó de la protección de algunos jueces; institucional, por verse desamparada por el propio sistema legal y, ahora, de feminicidio. Un trágico fin para una madre que solo buscaba a sus hijos para protegerlos del propio padre que hoy se encuentra bajo proceso penal por ser el presunto responsable de la muerte de uno de los dos hijos de Dulce.
La muerte de Dulce Gabriela causó indignación entre los grupos civiles de defensa a las mujeres, en donde ella había encontrado la comprensión y la solidaridad que le negaron las instituciones del Estado.
Desde luego que estos grupos hoy responsabilizan a esas instituciones por haber dejado sola a Dulce en su batalla legal y en su desesperado afán por rescatar a sus hijos: primero le negaron justicia y, después, le negaron protección.
Cuando se encontró el cuerpo, Claudia Jiménez Santiago, líder del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, aseguró que ya no tenían confianza en las autoridades del Estado, que muestran una total “falta de percepción, atención, legislación” y voluntad para erradicar la violencia hacia las mujeres que, como lo demuestra el caso de Dulce Gabriela, puede tener muchas caras.
Ayer en Jiutepec fue localizada otra mujer muerta por arma de fuego, con muestras de tortura y abandonada con una cartulina con un mensaje, lo que probablemente servirá como coartada para que alguien argumente la vieja versión del ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado. Pero, aunque así fuera, es un nuevo feminicidio que se suma a la lista de 43 que grupos independientes contabilizaban hasta inicios de esta semana.
Como sociedad, no podemos simplemente enterarnos de estos dolorosos acontecimientos y solo atestiguar las vidas destrozadas que deja la falta de pericia, la indolencia o la corrupción; como sociedad no podemos depender de la voluntad de grupos conformados por civiles cuando deberíamos tener de nuestra parte a las instituciones del Estado, con sus expertos y con sus recursos.
Si son indignantes los casos como los de Dulce -y hay miles, no por nada hay múltiples organizaciones civiles que tienen que suplir los descuidos de los gobiernos-, no lo es menos saber que muchas de estas situaciones -como la violencia vicaria, la revictimización de las mujeres y el feminicidio impune- son originadas, o por lo menos solapadas, por el aparato que debería evitarlas o remediarlas.
