El mes pasado, la comunidad de la diversidad sexual o LGBTQ+, conmemoró en nuestro país el “mes del orgullo” lo que fue aprovechado por diversos funcionarios y políticos, incluso a nivel nacional, para intentar allegarse simpatías hablando u organizando conversatorios y encuentros para sostener la idea de que son inclusivos y están preocupados por los grupos minoritarios.
Aunque la comunidad LGBTQ+ no es tan minoritaria: según el INEGI, hace dos años -cuando se levantó la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género- en nuestro país una de cada 20 personas mayores de 15 años se autoidentifica con orientación sexual y de género lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual y otras identidades. Esta autoadscipción es reveladora, pues no es necesario recordar que nuestro país, por diversas cuestiones culturales, prefiere mantener muchos de sus secretos en el clóset.
Morelos es una de las entidades a nivel nacional con el mayor porcentaje de población con orientación sexual o identidad de género LGBTI+, pues suma el 7.2 por ciento de su población, el estado con el mayor porcentaje (8.7 por ciento) es Colima.
Es decir, no son pocos los morelenses que se autoasumen como diversos sexuales y forman parte de una comunidad que ha decidido demandar que se les respeten plenamente sus derechos, y las leyes ya consideran expresamente varios de ellos como al matrimonio igualitario, el derecho a la libre identidad de género, a tener una familia, a pensiones y a la no discriminación, derecho universal pero que se ha tenido que hacer expreso para esta comunidad en la ley.
En ese sentido, en Morelos se ha querido avanzar por hacer valer estos derechos, pero muy tímidamente: desde su publicación en enero pasado de las reformas a la Ley Orgánica Municipal que obliga a los municipios a establecer un área administrativa encargada específicamente de la comunidad de la diversidad sexual, solo diez municipios han cumplido hasta el momento: Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Tlaltizapán, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Xochitepec y Zacatepec.
Uno de los propósitos de estas áreas es prevenir, eliminar la discriminación y, sobre todo, garantizar los derechos de cada una de las identidades, orientaciones y expresiones que conforman la diversidad sexual.
Todo lo anterior viene a cuento porque una de las tareas que los municipios y el gobierno estatal tienen en sus manos, aun antes de crear más oficinas burocráticas, está en la orientación y capacitación de sus funcionarios para que eviten vulnerar los derechos de estas comunidades, como se queja el colectivo Tribus Urbanas, que ha registrado más de 300 casos de abuso de las administraciones municipales y estatal contra grupos vulnerables y minoritarios en nuestro estado, y esto tan solo en los últimos siete meses, es decir, casi un abuso y medio por día.
La capacitación a los funcionarios que tratan con el público podría ser un buen lugar para empezar en el reconocimiento de los derechos de una gran cantidad de morelenses. Todos debemos entender que detrás de cualquier apariencia está un ciudadano que paga impuestos y que tiene derechos como cualquier otro. No basta con oficinas -que deben existir-: una concientización sobre los derechos humanos no le viene mal a nadie y, desde luego, poner remedio a los abusos, mucho menos.
