Vicente Arredondo Ramírez *
Recién terminada la segunda guerra mundial, en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos, el 24 de octubre de 1945, se fundó la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta iniciativa tuvo como antecedente la llamada Liga de las Naciones, creada a su vez, en enero de 1920, al final de la primera guerra mundial. Ambas iniciativas fueron tomadas por los que ganaron las respectivas “guerras mundiales”, con la intención de preservar la paz internacional.
El primer gran documento marco de la ONU, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamado el 10 de diciembre de 1948. En su artículo 19 se señala textualmente que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En México, en el año 1951, el entonces presidente de la República Miguel Alemán Valdés, junto con los editores de periódicos, definió el día 7 de junio de cada año, como el Día de la Libertad de Expresión, para señalar la importancia de ésta en la construcción de la democracia. En ese tiempo, los medios de comunicación eran básicamente la prensa escrita y la radio; la televisión apenas empezaba a dar sus primeros pasos.
En el año 1993, la UNESCO, otro organismo de la ONU, estableció el día 3 de mayo, como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, como respuesta a una proclama de periodistas africanos que dos años antes elaboraron la Declaración de Windhoek (Namibia), señalando la necesidad e importancia de medios de comunicación plurales e independientes.
En dicha declaración se precisa que por “prensa independiente debe entenderse una prensa sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas”, y que por “prensa pluralista debe entenderse la supresión de los monopolios de toda clase y la existencia del mayor número posible de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas que reflejen la más amplia gama posible de opiniones dentro de la comunidad”.
Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo sexto, entre otras cosas”, que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; … El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Se añade que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
El tema de la libertad de expresión y del derecho a la información es inagotable, por la multiplicidad de aristas desde las cuales se pueden analizar, sobre todo, si se toma en cuenta que en el fondo se habla de dos temas centrales enfrentados en la sociedad moderna: la dignidad humana y el poder.
En México ya se abrió en los hechos la temporada de elecciones generales a celebrarse el próximo año. Los períodos electorales deberían ser el tiempo natural para generar reflexión, diálogo y debate sobre los temas importantes de la vida nacional, y ahora más que nunca, con su vinculación con la problemática internacional.
La inercia nos dice que lo que prevalecerá será un ambiente de conflicto, descalificación, ataques personales, medias verdades, y mentiras, todo ello provocado y alimentado, por quienes manejan o compran tiempos y espacios en los medios de comunicación, y todo en nombre, del derecho y de la libertad de informar y a expresarse.
Sabemos que los procesos electorales son el juego preferido de los partidos políticos y de los medios de comunicación. Son los actores sociales que más desean su llegada, porque son tiempos en los que fluye mucho dinero, de manera legal e ilegal. La población en general, como siempre, es una espectadora y consumidora de contenidos, como le corresponde por vivir inmersa en la sociedad del espectáculo y del consumo.
La pregunta natural, es ¿cómo hacer significativas y operativas la libertad de expresión y el derecho a la información de la mayoría de la población mexicana, sabiendo que en el país no existen condiciones para ello? ¿Cómo ir más allá de los documentos inspiradores y normativos construidos a lo largo de los años y aceptados por la mayoría de los países?
Es una salida fácil afirmar que el voto ciudadano expresa el respeto a la dignidad humana y al ejercicio del poder ciudadano; sin embargo, se convierte en un autoengaño colectivo, si en la sociedad no existen mecanismos confiables de flujos de información relevante sobre lo que sucede en la realidad, ni medios para corroborar las intenciones y capacidades de las personas que aspiran a puesto de elección popular. Lo anterior se agrava, si no existen mecanismos accesibles para que la gente exprese su pensar y sentir sobre sí mismos y su realidad. La democracia real no es un mecanismo de emitir votos.
*Especialista en temas de construcción de ciudadanía.
