MÁS ALLÁ DEL VOTAR Y SER VOTADO
Los partidos políticos y los medios de comunicación corporativos ya están deseosos de que inicien los “tiempos electorales”, porque les significa entrada de dinero fresco, lícito e ilícito, para seguir existiendo a costillas de los ciudadanos. Ingenuo es quien piense que su entusiasmo es porque les llega la ocasión de ayudar a fortalecer la democracia en México. Su interés real es seguir existiendo y mantener la fórmula de negocio/poder en que se sustentan.
El “derecho a elegir y a ser elegido”, concepto inserto en la legislación moderna, suena como algo de la mayor relevancia, pero en la práctica es difícil y hasta inconveniente de aplicarse, sin aclaraciones y condiciones. Este elemento sustantivo de la narrativa de la “democracia liberal” es en realidad un autoengaño colectivo, ya que se confunde y se equipara la esencia de la democracia, con la instrumentación de un mecanismo de elección de personas. En efecto, elegir personas para ocupar un puesto público no es garantía de vida democrática. La Constitución Política de nuestro país habla de la “democracia como forma de vida”, lo cual no significa, ni puede equiparse a la sola realización de procesos electorales cada determinado tiempo. Los hechos demuestran que hasta ahora los formalismos electorales no producen en sí mismos el bienestar de los ciudadanos.
En nuestro país tenemos al Instituto Nacional Electoral (INE), que surgió para garantizar la calidad de los procesos electorales, cuyo control se le quitó al gobierno y se le otorgó a ciudadanos. Al paso del tiempo, sin embargo, se desvirtuó esa intención de neutralidad, y los partidos políticos han sido quienes han controlado esa institución, vía “ciudadanos” electos por la Cámara de Diputados. Lo mismo sucedió con el Tribunal Federal Electoral (TPJEF), cuyos miembros son electos por el Senado de la República.
El INE se convirtió en una estructura barroca y costosa, y ha sido ya por mucho tiempo, objeto y materia de discusión política. Sin embargo, es de reconocer que ha generado un producto que apunta a la construcción de la democracia con visión más amplia, que entenderla como la simple participación en los procesos electorales. Concretamente me refiero a que la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica de ese Instituto, propuso al Consejo General la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA).
El documento señala que “se trata de una estrategia, concebida como política pública, para enfrentar en el corto, mediano y largo plazos los factores que están mermando el tejido social y que condicionan el contexto en el que se realizan las elecciones y se recrea la convivencia democrática”. La justificación de la propuesta es clara y valiente, ya que parte de un análisis de contexto sociodemográfico que da pie a diez componentes de diagnóstico, y de los cuales se derivan tres ejes estratégicos con ocho líneas de acción vinculadas a éstos. Concluye con un sistema para monitorear y evaluar la estrategia nacional.
Destaco lo correspondiente a los tres ejes estratégicos de la propuesta, sintetizados en los conceptos de Verdad, Diálogo y Exigencia: “Verdad entendida como conocimiento e información objetiva para el ejercicio responsable de la ciudadanía, los derechos humanos y apropiación del derecho a la información por cada persona. Diálogo, como factor clave en la vida democrática, supone la maximización de espacios para el debate, el establecimiento de redes (interpersonales e institucionales) que favorezcan las prácticas democráticas y la promoción de la cultura cívica en los distintos ámbitos sociales, y Exigencia como la generación de nuevos contextos de demandas de la sociedad hacia las autoridades e instituciones; contextos de exigencia que favorezcan el cumplimiento de la palabra pública empeñada y el involucramiento (inserción) de los ciudadanos en la solución de los problemas públicos que les atañen”.
El propio documento sintetiza que la ENCCIVICA “apunta hacia la formulación de una política de Estado en materia de cultura cívica con la finalidad de cambiar las actitudes de los ciudadanos respecto de lo público y que les permita, mediante esas nuevas actitudes, modular el ejercicio del poder político”.
No cabe duda que esta es una propuesta formulada con clara visión e intención, y que marca condiciones centrales para construir una auténtica ciudadanía, esto es, pretende la apropiación del derecho a la información, la maximización de espacios para el diálogo ciudadano, y la generación de contextos para el diálogo gobierno/ciudadanos.
El INE y el TPEJF habrán de enfrentarse a los grandes retos del proceso electoral del 2024, en medio de debates, algunos justificados, y otros artificialmente provocados; con protagonistas genuinamente interesados en el país, pero también con gente egoísta carente de ética y sensibilidad social.
Por consiguiente, es importante saber si el INE está preparando ya la evaluación de la ENCCIVICA, para hacerla pública a la brevedad, ya que este año termina su plazo de instrumentación. Quienes se involucraron en el movimiento “el INE no se toca” tienen por congruencia apurar la difusión de sus resultados, para en su caso, refrendar la importancia de esa institución.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
