RENOVACIÓN DEL PACTO SOCIAL
El día de hoy 5 de febrero conmemoramos en México el hecho más importante para cualquier sociedad moderna, esto es, la aprobación del documento que contiene la forma en que se interrelacionan las personas que viven en el territorio de un Estado/nación: su Constitución, Ley Fundamental o Carta Magna. Este día del año 1917, en la ciudad de Querétaro, se aprobó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor el primero de mayo del mismo año.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la Constitución es “la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política”.
En la historia de la ciencia política de Occidente resalta el aporte de tres figuras claves en cuanto a la fundamentación y propósitos de la forma en que se organiza una sociedad, bajo la fórmula denominada “contrato social”:
El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) publicó en 1651 su conocida obra El Leviatán, en la que señala la necesidad de que los gobernados acuerden otorgar poderes a los gobernantes, a efecto de impedir o prevenir el caos social, ya que el “hombre es un lobo para el hombre”.
El también filosofo inglés, John Locke (1632-1704), conocido como el padre del liberalismo clásico, en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (1690) propone la división del Estado en tres Poderes: legislativo, ejecutivo y federativo, a efecto de desterrar la tentación de la tiranía y de la corrupción, y para someter al rey a un poder civil. Señala que el poder más importante es el legislativo, cuyos miembros deben ser elegidos por el pueblo.
Finalmente, el filósofo y pedagogo ginebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) en su obra El Contrato Social: o los principios del derecho político (1762) propone la necesidad de que se manifieste la “voluntad general”, y se definan los derechos y obligaciones de las personas, como condición para otorgarle al Estado la facultad de establecer el orden social.
En resumen, la corriente “contractualista” en filosofía y ciencia política sostiene que las personas que deciden vivir en sociedad requieren de la existencia de un contrato social que determine los límites a la libertad individual y las atribuciones a otorgar a la entidad superior llamada “Estado” que por necesidad debe existir. Todo ello reflejado en una Constitución o Ley Suprema.
A partir de la independencia de España (1821), en México han existido seis constituciones federales: 1824, 1836, 1843, 1847, 1857, y 1917. Esta última que actualmente nos rige fue la primera que estableció derechos sociales, y desde su promulgación ha tenido 256 modificaciones, 22 de las cuales se han dado en el actual período presidencial. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
La penúltima modificación (la 255, del 6 de junio del 2023) cambió la edad mínima para ocupar un cargo público: establece que para ser diputado se requiere tener dieciocho años cumplidos el día de la elección, y para ser secretario de Estado es necesario tener veinticinco años cumplidos.
Sin duda les pareció importante a los legisladores este tema del cambio de edad, sobre todo para el cargo de representante popular, como si la edad marcara la diferencia en materia de calidad en la gestión. El sentido común nos dice que este cambio es irrelevante para hacer realidad el pacto social; en todo caso, sólo refrenda el fetiche del voto, considerado como la máxima expresión de la democracia.
En efecto, Norberto Bobbio, reconocido politólogo italiano, (1909-2004) señala “que el hecho más relevante de la democracia de hoy es el voto, no para decidir, sino para elegir quién va a decidir”, (sin embargo) “para los antiguos, la imagen de la democracia era por completo diferente: al mencionarse la democracia pensaban en una plaza o en una asamblea en la que los ciudadanos eran llamados a tomar las decisiones que les correspondían”.
Desde hace muchos años se habla de que nuestra Ley Suprema requiere de una revisión a fondo, más allá de las modificaciones que se han hecho para “adecuarla a los tiempos”, sin importar que muchas no respondían al espíritu del texto original.
Tendrá que llegar pronto el momento en que los mexicanos, sin subordinación a ningún tipo de intermediarios institucionales, rompamos las amarras de la inercia cotidiana y de la propaganda promovida por los beneficiarios crónicos del estado de cosas en México y en el mundo, y revisemos de principio a fin los términos de nuestro pacto social, a la luz del cambio de época que experimenta la humanidad.
La democracia representativa, como la estamos viviendo, es sólo un costoso juego distractor mediático y partidista, y un espectáculo de tercera clase. Un cambio sustantivo, entre otros, deberá ser la modificación del esquema de estímulos, condiciones y mecanismos para participar en puestos de elección popular, asumiendo que ese tipo de democracia seguirá vigente por algún tiempo más.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
