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EL “COMBO” DEMOCRÁTICO

 

No hay sociedad sin gobierno, y no hay gobierno sin sociedad. La contundencia de estas afirmaciones tiene que modularse, porque la complejidad de la realidad social hace imposible que ésta pueda quedar atrapada en un concepto o una frase.

Señalar que no hay sociedad sin gobierno puede parecernos algo más que evidente, sin embargo, hay que puntualizar que existen muchos tipos de sociedades y muchos tipos de gobiernos. La historia misma de la humanidad ejemplifica la evolución de formas de asociación e interacción entre personas y grupos, desde la simplicidad de las sociedades primitivas errantes, hasta la complejidad de las actuales metrópolis sedentarias y autorrecluídas.

El gran Aristóteles, filósofo y polímata griego (384 a.C.- 322 a. C.), en su clásico libro La Política señaló la existencia de tres formas de gobierno aceptables (monarquía, aristocracia y república), y tres formas de gobierno contrarias a cada una de ellas (tiranía, oligarquía y democracia). Con esto dejaba formulada la relación entre gobierno y sociedad, y la valoración de ella dependía de si los regímenes de gobierno se orientaban a buscar el bien común (gobiernos rectos), o si atendían el interés particular de los gobernantes (gobiernos desviados). De igual forma describía si el tipo de gobierno era de una persona, de varias, o bien, de todas las personas de la comunidad.

Al paso de los siglos, esa clasificación sigue siendo válida en los hechos, aunque en Occidente, discursiva y formalmente, se defiende la democracia (gobierno recto y de todas las personas) como la mejor forma para la sociedad. Lo anterior después de no tomar en cuenta el señalamiento de Aristóteles de que la democracia es una desviación de la república, en razón del riesgo de que las personas pudieran votar sobre asuntos importantes, sin conocimiento del tema y de sus implicaciones.

De dos siglos a la fecha se empezó a instaurar y aceptar la “forma democrática” de elegir a los gobernantes, a través de lo que conocemos ahora como partidos políticos, bajo la premisa de que representan grupos de la sociedad con diversidad de visiones e intereses. Muchos científicos sociales han reflexionado sobre la democracia y los partidos políticos, y caracterizándolos de varias maneras, como, por ejemplo, por su forma y actuar institucional (Maurice Duverger, francés (1917-2014) y Otto Kirchheimer, alemán (1905-1065), o bien, desde una perspectiva sociológica (Seymour Lipset, estadounidense (1922-2006) o Stein Rokkan, noruego (1921-1979).

A lo largo de los siglos se han generado abundantes trabajos conceptuales buscando respuesta a las preguntas sobre cuál es el sentido de vivir en sociedad, y cuál es la mejor forma de organización del gobierno, sin embargo, estas preguntas siguen aún vigentes y sin respuestas definitivas. Prueba de ello es el desencanto y desprestigio que enfrentan actualmente los partidos políticos. No hay claridad sobre la relación medios y fines para hacer valer en simultaneidad los derechos individuales y los derechos sociales, ni sobre cuál es el papel del gobierno en ese sentido, y cuáles son las formas adecuadas de intermediación social. Sin embargo, se sigue insistiendo en construir gobiernos, sin sociedad que los respalde.

A pesar de lo anterior, sigue vigente en el “mercado de lo político” lo que podemos calificar como el “combo” de la democracia representativa, el cual incluye partidos políticos, procesos electorales, candidaturas, campañas, financiamiento, y el voto individual como fetiche del poder ciudadano.

Sin duda requerimos replantear esta fórmula de democracia representativa, desde su definición misma y su alcance, hasta encontrar la mejor forma de instrumentarla en el mundo tecnologizado que vivimos. Algunas sugerencias para ello tendrían que surgir después de dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué asuntos, por necesidad, tendrían que ser materia de consulta y votación individual de los ciudadanos, y cuáles sí pueden ser delegados a representantes electos?

¿Cómo hacer para que los ciudadanos distingan entre lo que son funciones de administración pública y las que son funciones de gobierno? y ¿cómo capacitar, elegir, evaluar y sustituir a las personas que desempeñan esos dos tipos de funciones?

¿Qué principios expresados en leyes deberían servir de guía para decisiones de política pública, y de propuesta legislativa de corto, mediano y largo plazo, sin importar la ideología de quienes ocupen puestos de elección popular?

¿Qué indicadores y mecanismos se requieren definir, para que la ciudadanía pueda evaluar en todo momento las funciones de administración y procuración de la justicia?

Finalmente, hay que traer a la plaza pública el diálogo sobre lo que afirmaba el filósofo griego Platón (427 a.C.-347 a. C.) de que la democracia, más que una forma de gobierno resultante del voto de la mayoría es una condición que asegura la libertad, la participación y la igualdad de los ciudadanos.

*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.