MÁS JUSTICIA Y MENOS NORMAS
En la doctrina clásica del Estado moderno organizado en tres poderes, según Montesquieu (1689-1755), filósofo y jurista francés, la función del Poder Judicial es la de castigar delitos y juzgar las diferencias entre los particulares.
En una definición más amplia y actualizada, el propio Poder Judicial de la Federación señala que sus funciones, además de resolver los problemas entre particulares, está la de proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, la de ser un órgano de equilibrio entre los otros dos Poderes de la Federación, y primordialmente la de defender el orden establecido en la Constitución.
Frente a ese deber ser, el actual gobierno busca reformar la Constitución en diversos aspectos relacionados con el Poder judicial, y razones no le faltan. En la realidad, el acontecer de la procuración y de administración de la justicia en México es como caminar en un terreno pantanoso en una noche oscura. Desde hace muchos años, los porcentajes de denuncia de delitos y los de dictamen de sentencias hablan del hecho de que en nuestro país el estado de derecho es más un anhelo que una realidad; con todo y que el 18 de junio del año 2016 entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que tiene como propósito, entre otras cosas, garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, la protección a las víctimas y la reparación del daño.
En efecto, según la organización civil México Evalúa, en el año 2022 la media nacional de impunidad general en la justicia penal alcanzó el 96.3%, lo cual significa que en nuestro país sólo cuatro de cada 100 delitos son investigados. Por si esto fuera poco, cualquiera que haya tenido que ver con asuntos judiciales, sabe perfectamente que, además de tener que pagar abogado, hay que dar “estímulos» para aceitar los procedimientos. El sistema judicial mexicano es una «empresa» que sin duda mueve miles de millones de pesos al año, y cuyos “accionistas” son quienes en distinto carácter y nivel confluyen en el aparato de justicia y se benefician de la corrupción que permea el sistema. Sólo los necios y obnubilados pueden negar que sea necesaria una cirugía mayor en esta materia, especialmente en el Poder Judicial de la Federación.
Son sin duda muchas las causas que han llevado al descontento de la sociedad y al desprestigio de la institución judicial. Hay mucha materia para reflexionar, si se quiere hacer una mejora sustantiva en la aplicación del derecho, por ejemplo, lo planteado por Tomás Moro (1478-1535), filósofo, teólogo, político, y escritor, que escribió la célebre obra “Utopía” (1516), nombre de la isla en donde se habría de vivir una organización ideal de la sociedad. En dicha obra, contrasta y critica las formas de Estado existentes en su tiempo. En el Libro Segundo: “De los esclavos, de los enfermos, de los matrimonios y de otros asuntos diversos”, señala entre otras cosas:
“(Los utópicos)… tienen pocas leyes, pero suficientes para sus instituciones. Lo que desaprueban principalmente en los otros pueblos es la cantidad excesiva de leyes e interpretaciones, que, sin embargo, no bastan para asegurar el orden público. Consideran extremadamente injusto encadenar a los hombres con leyes tan numerosas, que no tienen tiempo suficiente para leerlas todas, y tan obscuras, que pocos las comprenden”.
“En consecuencia, no hay abogados en Utopía, no teniendo allí razón de ser toda esa familia de pleiteadores profesionales que abunda en los demás países, y que, guiados por intereses subalternos, se esmeran en tergiversar la ley”.
“…Todos los habitantes de Utopía son jurisconsultos, pues, lo repito, son muy pocas las leyes que allí existen, y su interpretación más simple y ruda pasa por ser la más justa y razonable”.
“Las leyes se promulgan, dicen (los utópicos), con el único objeto de que cada cual conozca sus derechos y sus obligaciones; pocas personas entienden las sutiles interpretaciones que vosotros dais a vuestras leyes, en tanto que una ley claramente expresada y que no puede prestarse a equívocos se halla alcance de todo el mundo”.
“¿Qué más le da al vulgo, es decir, a la clase más numerosa y necesitada de conocer sus deberes, que no existan leyes, si es que éstas son tan embrolladas y complicadas que no puede entenderlas? ¿Acaso no es exactamente lo mismo? Su interpretación exige una inteligencia superior y largos años de estudio, por lo que la vida de la mayoría de los hombres, dedicada a ganar el pan de cada día, no sería suficiente para ello”.
Estas consideraciones que hace Moro, sin duda son pertinentes en la actualidad y nos obligan a recordar que la justificación del aparato administrativo del Poder Judicial no es otro que el hacer justicia, teniendo como referencia el marco normativo vigente.
En este sentido, hay que preguntarnos, sobre el origen de las inquietudes y la oposición a revisar y a hacerle cambios al sistema judicial mexicano. Ironizo: ¿se rompería acaso el eficiente alineamiento actual entre el acervo normativo que nos rige y la estructura del aparato burocrático existente? ¿se lesionaría la forma en que actualmente se cumple el mandato de tener “una justicia pronta y expedita”? No creo sea eso. ¿El motivo no será acaso que el nombramiento popular de los juzgadores rompe una lógica de poder gremial concentrado, y no de servicio transparente en favor del bienestar colectivo? Todas las objeciones que se están planteando a este cambio tienen respuesta y fórmulas de solución, pero lo que pareciera es que no se quiere dejar al desnudo la inexistente relación entre medios y fines en materia de justicia en México.
Para lo anterior, definamos claramente entre todos, y no sólo los especialistas en Derecho, lo que el sentido común nos señala sobre qué debe hacerse para vivir en una sociedad de derechos y obligaciones compartidas, sin importar el origen y condición social de las personas; y eso expresarlo en pocas leyes formuladas en forma clara y sencilla, y conocidas por todos. Estudiar derecho positivo es una especialidad, pero hacer justicia debería ser una forma de vida cotidiana.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
