DERECHO A VOTAR Y A SER VOTADO
Vivimos tiempos propicios para revisar a fondo premisas sobre las que hemos construido la realidad social actual; el problema es que no existen mecanismos, ni espacios, para debatir con orden, honestidad y profundidad cuestiones esenciales, como cuál podría ser la mejor forma de organizarnos como sociedad nacional y mundial. Lo que sí existe es una guerra muy dispareja de relatos o narrativas sobre la condición actual de la humanidad, y sobre el rumbo que en el futuro debe tomar.
Para simplificarlo, una de las narrativas, la “conservadora”, defiende el estado actual de cosas, en cuanto a cómo deber operar la economía, cómo debe ejercerse la política, y cuáles son los valores a defender; mientras que la otra narrativa, la “innovadora”, afirma la necesidad de hacer cambios sustantivos en estas materias. Dicho de otra forma, la narrativa conservadora plantea que la libertad individual irrestricta y la generación del capital sin cortapisas deben seguir siendo los ejes que guíen el actuar de toda la sociedad; por el contrario, la narrativa innovadora afirma que la libertad individual y la generación de capital deben estar subordinadas a la búsqueda del bienestar colectivo y el respeto a la naturaleza.
Cuando menciono que hay una guerra dispareja entre estos dos relatos, es porque, al menos en Occidente, la visión innovadora está prácticamente inerte y opacada, en razón de que la visión conservadora es la que defienden y propagan los medios corporativos de comunicación masiva, los sistemas de justicia nacionales, y, desde luego, las instituciones que gestionan el comercio y las finanzas internacionales.
En este panorama, y en medio de una guerra provocada en Ucrania y un genocidio en Palestina, ambos hechos incitados y apoyados por el país hegemónico de Occidente y sus serviles “socios y aliados” europeos, se cuestiona cada vez más el tema del sentido, la forma y el futuro de lo que llamamos “democracia”, concepto unívoco en su enunciación, pero equívoco en su significado y expresión concreta. A pesar de su evidente debilitamiento, se sigue poniendo por delante a la democracia representativa como el mejor camino a seguir, junto con su gran fetiche que son los procesos electorales, una de cuyas premisas es que toda persona tiene derecho a “votar y a ser votada”.
En efecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, entre otras cosas, señala a la letra en su Artículo 21: ”Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.
En nuestro país, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que, entre otros, son derechos de la ciudadanía “poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley”. Por cierto, de manera tardía, fue hasta el año de 1953, que se les otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, a nivel federal.
Es importante tener en cuenta las referencias de contexto hasta aquí señaladas, en el marco de la discusión actual en nuestro país sobre la reforma del Poder Judicial de la Federación. Los conservadores nacionales y extranjeros, como siempre objetando, pero no proponiendo, alertan especialmente sobre la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Anticipan que el resultado será manipulado y las personas electas estarán poco capacitadas e ideológicamente proclives a la visión e intereses del partido ganador de las recientes elecciones.
Esta situación le da entrada al tema del derecho a votar y a ser votado, el cual debe valorarse en dos dimensiones: en la de sus propios términos, como derecho individual, y en la del derecho colectivo cuyo fin es garantizar el bienestar de toda sociedad.
Una visión innovadora debe optar por la idea de que la elección de servidores públicos del poder judicial debe estar sujeta a requisitos muy estrictos en cuanto al perfil de los candidatos, y a los mecanismos de su elección. De hecho, si privara esta visión, debería hacerse extensiva a cualquier puesto de elección popular de los tres poderes y órdenes de gobierno, con lo que se daría un avance sustantivo en materia de calidad de la democracia, y de transformación de la sociedad.
Es especialmente importante normar el derecho a ser votado. El puro sentido común nos señala que no pueden seguir existiendo los requisitos mínimos actuales, para que los partidos políticos propongan y nosotros elijamos a quienes tendrán la función de legislar sobre el pacto social y a quienes tendrán la facultad de ejercer la hacienda pública; y desde luego, añadir por primera vez en el caso que nos ocupa, a quienes tendrán la obligación de hacer justicia.
Ya estamos en tiempo de quitarle a la democracia su tinte ideológico/discursivo, en el sentido de seguir hablando de ella, sin que haya que verificar que esté relacionada con lo que realmente está sucediendo en la vida real. La democracia representativa en la que formalmente vivimos es en gran medida una simulación, ya que una cosa es la norma escrita sobre las funciones de legislar, ejecutar y juzgar, y otra, lo que se vive cotidianamente. La ciudadanía debe estar presente e involucrada en legislar, ejecutar y juzgar las acciones de gobierno, en todas las fases del proceso. Hay que entender y concretar la idea de que todos somos gobierno, aunque no estemos en el servicio público.
Dicho de otra forma, el derecho a votar, y sobre todo al de ser votado, debe ir configurándose gradualmente como democracia participativa, más que representativa. Eso sería una auténtica cuarta transformación.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
