José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
La desaparición forzada prescribe hasta que se localice a las personas desaparecidas y se haga justicia. Al tratarse de un crimen de lesa humanidad, se deben agotar todas las instancias nacionales e internacionales para determinar quiénes y cómo lo cometieron, así como aplicar las sanciones correspondientes a los autores materiales e intelectuales, establecer la verdad de lo ocurrido, brindar acompañamiento a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia. “Fue el Estado y sigue siendo el Estado” gritaron madres y padres de los 43 desaparecidos al concluir el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. “No vamos a darlos por muertos, mientras no sepamos lo que pasó con ellos”, dicen sus familiares, como en su momento lo expresó Doña Rosario Ibarra de Piedra. “¿En dónde están los desaparecidos? ¡Allá en el sur del alma! ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con el corazón apretando por dentro”, como dice la canción de Rubén Blades.
No están solos: Hasta encontrar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El Informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue claro y contundente sobre los avances, obstáculos y retrocesos impuestos por el Ejército, la Marina y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional en las investigaciones para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia, luego de concluir su mandato de colaboración ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando nos encontramos a un mes de que se cumplan 9 años de este crimen de lesa humanidad ocurrido en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Desde las organizaciones sindicales y sociales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética expresamos nuestro más sincero reconocimiento a las y los integrantes del GIEI por su compromiso y dedicación demostrados durante todos estos años en que han aportado su experiencia y conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos, ya que sus aportes han sido muy valiosos para impedir que se cristalizara la mentira histórica que quiso imponer el gobierno de Peña Nieto y ha cuestionado severamente el papel del Ejército y autoridades del más alto nivel que siguen incrustadas en los aparatos del Estado en el mismo gobierno actual de López Obrador, quien a pesar de dar órdenes de abrir todos los archivos militares no ha sido así hasta el momento.
Las detenciones de 10 militares y policías involucrados directamente en la desaparición han sido posibles por la exigencia del GIEI de reactivar las 16 órdenes de aprehensión dictadas por la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, luego de que éstas fueran suspendidas por órdenes de la propia Fiscalía General de la República, y están por ejecutarse el resto de las mismas, lo que puede contribuir a castigar a los responsables directos de la desaparición aunque todavía falte llegar hasta los responsables al más alto nivel como el propio Peña Nieto y Osorio Chong, tal como ya ha ocurrido con el ex Procurador Jesús Murillo Karam.
El caso no está cerrado y aún faltan por llevarse a cabo diversas acciones legales que el GIEI emite como recomendaciones en su informe final. Toda la documentación y análisis presentado sobre el papel del Ejército y la Marina durante las desapariciones y los días posteriores a las mismas muestran la complicidad institucional con los grupos criminales que operan en la región y que siguen controlando el negocio del tráfico de drogas y otros ilícitos del crimen organizado ligado al ejercicio del poder político y económico.
Este informe del GIEI debe ser ampliamente difundido para que sea del conocimiento de toda la sociedad y genere conciencia de la necesidad de exigir que se cumplan todas y cada una de las recomendaciones ahí emitidas y entregadas directamente al propio presidente López Obrador.
Por todo lo anterior expresamos de manera muy clara y contundente que las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa no están solos y cuentan con el apoyo de todas las organizaciones sindicales y sociales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, rumbo al 26 de septiembre, cuando se cumplirán 9 años de estos graves hechos, por lo que estaremos llevando a cabo diversas actividades de solidaridad hasta lograr que haya verdad y justicia, manteniendo en alto la consigna de: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
