Primera de 2 partes
Gustavo Yitzaack Garibay L.
La Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos no cuenta con un diagnóstico integral que informe el estado que guarda el ecosistema cultural estatal, ni con un plan de reactivación después de la pandemia por COVID-19. Sin gestión de la crisis, no hay capacidad de respuesta. No solo se roban el presupuesto, también amenazan las posibilidades de construcción de futuro, de esperanza.
No sabemos, por lo menos no a través de información pública de carácter técnico (censos, inventarios, reportes, informes o diagnósticos), el estatus que guarda el patrimonio cultural material e inmaterial en riesgo, a consecuencia de la pandemia: la infraestructura cultural estatal (museos, galerías, plazas de arte, casas de cultura, teatros, cines, bibliotecas, y centros culturales independientes, etc.), ni mucho menos, acerca de la precarización de las más de quince mil personas dedicadas a la creación y a la promoción cultural.
A ello se suma la inconclusión de varios monumentos en restauración a casi seis años del sismo de 2017, así como los efectos devastadores contra la vida comunitaria y los espacios públicos, producidos por la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico (11 de diciembre de 2006) y el asesinato de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca (16 de diciembre de 2009).
El documento rector sobre el que se sostiene la política cultural estatal es el Plan Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024, que se propuso “impulsar la economía a través del desarrollo, promoción y explotación sustentable de su patrimonio turístico histórico, cultural y de naturaleza a fin de alcanzar niveles de competitividad nacional e internacional.”
Ni cultura, ni desarrollo económico, ni boom turístico. Los precarios resultados están a vista de todes, Morelos enfrenta el mayor rezago cultural de su historia reciente. Aquí hemos dado cuenta de ello, con datos cuantitativos y cualitativos. La ineptocracia cultural asaltó las instituciones culturales estatales y hoy padecemos su incompetencia y su corrupción.
Otra vez nos volvió a ocurrir: nunca tantos hicieron tan poco al costo de tanto, a costa de tantos, no por tontos sino porque, hay que decirlo, muy tolerados a consecuencia de la impunidad que priva, pero también por la falta de organización de la mayor parte del sector cultural, muy poco demandante e indignantemente cortesano.
Por otro lado, en algunos ayuntamientos existen esfuerzos aislados por “hacer”, por “programar”, como en los de Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Yautepec o Coatlán del Río. Extraña que Tlayacapan y Tepoztlán, otrora municipios de avanzada, están subsumidos en su hiato o nihilismo cultural. Sin embargo, la “eventitis”, lo sabemos, termina por volverse insustancial porque son acciones o espasmos eventuales, sin orientación programática en términos de política cultural pública.
Todo resulta muy coherente si consideramos que, la mayor de las veces, la cultura es un apartado ornamental dentro de los planes municipales de desarrollo. Si obras son amores y no palabras, la falta de presupuestos. Es difícil hacer memoria de aquellos gobernadores o alcaldes que hayan apoyado a “la Cultura” de manera decisiva. Los hay, pero eso será motivo de otro artículo.
Ese abandono ominoso del sector cultura ocurre a pesar de que organismos nacionales e internacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), o la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han advertido sobre la necesidad de que el Estado y la iniciativa privada, a través de las instituciones públicas y las empresas, adopten acciones estratégicas para mitigar los efectos producidos por el confinamiento sobre la actividad cultural, el consumo cultural, y las personas trabajadoras de la cultura, acerca de su precarización y la “desigualdad cultural”, fenómeno acentuado por la súbita transición a la cultura virtual.
Sin órganos colegiados o instancias de participación ciudadana, la visión cultural que prevalece en el gobierno estatal y en los ayuntamientos es caprichosa, clientelar, autoritaria y muy limitada, claro, acorde al perfil de quienes gobiernan y de quienes administran.
Diseñar un programa sectorial estatal de arte y cultura, mediante diagnósticos participativos que no se reduzca a la simulación de foros de consulta, que conciba su razón de ser y su quehacer desde un enfoque de derechos humanos para el bienestar de las personas y de las comunidades, será motivo de reflexión en el siguiente artículo.
Y ustedes ya saben qué opino. Si no es cultural, no es transformación.
