Luis Raúl González Pérez*
El derecho a la igualdad, junto con el derecho a la libertad, han sido ideales por los que a lo largo de la historia el ser humano ha luchado buscando su reconocimiento. Si bien los derechos humanos no son concesiones que se otorguen, sino que son inherentes a las personas por el solo hecho de existir, existe unalucha permanente de la humanidad porque los estados nacionales y sus gobiernos los reconozcan, así como establecer las garantías para hacerlos efectivos.
Es conveniente recordar que la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,proclamó como valores la libertad, la igualdad y la fraternidad, y estableció que son naturales inalienables y sagrados, además de resaltar que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Lo anterior se acompaña con el desarrollo constitucional y legislativo que los países han alcanzado para buscar que el principio de igualdad sea una realidad, partiendo de que el bien jurídico que se tutela es el principio de dignidad que nos iguala e identifica como seres humanos.
Por eso, en las Constituciones y en las leyes que se desprenden de las mismas, como es el caso de México, se ha incorporado, como es el caso del texto del artículo 1° de nuestra Carta Magna, la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las preferencias sexuales, el estado civil, la religión, la salud, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Adicionalmente, en concordancia con el texto constitucional, en nuestro país se han ha emitido leyes y firmado diversos tratados internacionales, tanto en el sistema universal como en el Interamericano de derechos humanos, sobre discriminación. No obstante,tendríamos que preguntarnos por qué a pesar de estas normas hoy continua la desigualdad y la discriminación en varios sectores de la población.
Lo anterior lo podemos afirmar cuando vemos que en el país hay 55.7 millones de personas en pobreza, de los cuales 10.8 millones se encuentran en pobreza extrema. Esta situación no concuerda con lo que establece nuestra Constitución en artículo 4º constitucional, que reconoce el derecho a la protección de la salud, a la vivienda, al deporte, a la cultura, al acceso al agua y a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, situación que nos coloca ante la paradojaentre la norma y la realidad.
El flagelo de la discriminación, que acompaña la desigualdad menoscaba o anula diversos derechos lesionando la dignidad de las personas, particularmente para personas o sectores en condiciones de vulnerabilidad, entre otros: personas mayores; pueblos y comunidades indígenas; afrodescendientes, migrantes y refugiados; mujeres; niñas; niños y adolescentes; personas con discapacidad; personas que viven con VIH; diversidad sexual y de género; diversidad religiosa; trabajadoras del hogar remuneradas. Muchas de estas personas sufren discriminación múltiple a partir de esas condiciones. Recordemos que las personas en sí mismas no son las vulnerables, sino qué tal condición se actualiza a partir de las barreras y contextos sociales a los que se enfrentan de ahí la obligación de los gobiernos, de no interferir en la esfera de derechos de las personas y eliminar dichas barreras generando políticas públicas integrales para su erradicación.
Cómo podemos decir que las personas pueden ejercer su libertad, que podríamos traducirla en la decisión de elegir el destino de su futuro, encaminarse a aquellos ideales y metas que posibiliten un ejercicio real de su desarrollo personal, si millones de ellas están constreñidas por las condiciones de menoscabo de sus derechos, carentes de condiciones para el ejercicio de los derechos que normativamente la Constitución y las leyes le reconocen.
Precisamente en relación con ese flagelo de la discriminación, que conlleva también un problema cultural, no podemos soslayar la reciente encuesta nacional sobre discriminación (ENADIS) 2022 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los Derechos. Humanos (CNDH), y reconocer que le hayan dado continuidad al ejercicio de la primera encuesta nacional en la materia, realizada en 2017, cuyo objetivo es la identificación de aquellas conductas que la propician y su magnitud, abordando temáticas como la percepción de respeto a los derechos de los grupos de atención prioritaria; temas de estigmatización social, prejuicios y estereotipos; así como prácticas y experiencias discriminatorias.
En un próximo artículo abordaré algunos aspectos específicos de la discriminación de algunos de estos sectores de atención prioritaria que son objeto de discriminación, sin embargo, a guisa de ejemplo vale la pena mencionar que en el rubro “negación de derechos” el porcentaje de la población de 18 años y más que manifestó haber sido objeto de negación injustificada de alguno de sus derechos en los últimos 5 años es del 20.5% a nivel nacional, en particular el estado de Morelos el 27.8%, lo que muestra el desafío a enfrentar.
Lo anterior nos lleva a concluir que en México subsisten signos agudos de este flagelo y que se requiere el concurso, desde luego de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, pero también de que logremos como sociedad una empatía por la dignidad hacia todas las personas y no empatías selectivas y que construyamos una cultura para reconocer y defender la dignidad de todas, todos y todes.
* Especialista en derechos humanos.
