Seguridad pública e inteligencia artificial
Alfonso Valenzuela Aguilera
A veces pareciera que la inteligencia artificial es capaz de resolver cualquier problema, pero tenemos que ver las cosas en contexto. La célebre premisa de la película Minority Report (Sentencia Previa), en donde un sistema es capaz de predecir los crímenes y así detener a los infractores antes de cometer el delito, tiene implicaciones que van más allá de la ficción. Si bien es cierto que existen sistemas que van desde las cámaras de circuito cerrado hasta el reconocimiento facial, instalados en algunas ciudades como apoyo a las fuerzas del orden, estos no están libres de objeciones, cuestionamientos y limitantes.
Recientemente, Marcelo Ebrard presentó su visión sobre la manera en que deberíamos combatir la inseguridad en México que, a grandes rasgos, sugiere la instalación de sistemas de identificación de disparos, tecnologías de reconocimiento facial y la creación de un ecosistema digital basado en inteligencia artificial en donde se conecten las distintas bases de datos. Con lo anterior –asegura Ebrard– se podría aumentar la eficacia y eficiencia de reacción de 10 a 100 veces. Sin embargo, recordemos que en su gestión como jefe de gobierno de la CDMX prometió resolver los problemas de seguridad haciendo a la capital “la ciudad más vigilada del mundo”, mediante la instalación de un sistema de videovigilancia llamado Bicentenario y que contaría con 13,000 cámaras distribuidas a lo largo y ancho de la entidad.
Pero vayamos por partes, los sistemas de identificación de disparos (ShotSpotter) se basan en la instalación de micrófonos que al triangular la información (sonora), permiten geolocalizar el punto desde donde se originó un disparo, luego éste registro pasa por la autentificación de un operador que determina si se trata de un arma de fuego, para posteriormente enviar unidades en respuesta a dicho evento. Esta tecnología está siendo utilizada en distintas ciudades en Estados Unidos, pero se apoyada en otros sistemas previos en donde se ubican puntos conflictivos en el territorio (CompStat es el más conocido). Para empezar, el sistema es rentado a una compañía que cobra mensualmente por el servicio y que mantiene la propiedad de los datos. Evaluaciones recientes sobre dicho sistema revelan que en promedio, de todos los casos reportados, solo un 9% se relacionó con disparos reales, de modo que existen costos agregados de operación, vigilancia y monitoreo.
El segundo, un sistema que busca identificar a posibles infractores mediante el reconocimiento facial, ha sido implementado en ciudades como Sao Paolo y Nueva York, ciudades que pagan contratos por unos 25 millones de dólares anuales. En ambos casos han surgido pronunciamientos sobre el peligro de que el uso de algoritmos resulte en un sesgo racial contra determinados grupos, encarcelamiento masivo, o la identificación de personas contrarias al gobierno. Además, el hecho de que dichos sistemas no estén todavía regulados puede derivar en riesgos adicionales relacionados con el derecho a la privacidad, la identificación de falsos positivos, la extorsión, las prácticas fraudulentas, o incluso posibles filtraciones de información a grupos delictivos.
El tercer punto es la creación de un ecosistema digital de seguridad en donde confluyan bases de datos de distintos orígenes, para configurar algo así como un ente Orweliano que registre todos los movimientos de los ciudadanos. Si bien el uso de datos y de la inteligencia artificial en el combate al crimen puede ser instrumental para mejorar la seguridad de las personas, no queda claro el nivel de preparación necesaria para hacer un análisis delictivo efectivo, toda vez que la recolección de datos no produce seguridad por sí misma, sino que su utilidad depende del papel que estos jueguen como parte de una estrategia de contención a distintos niveles y escalas territoriales.
Las estrategias de seguridad pueden aprovechar las tácticas descritas anteriormente, si bien la tarea previa consiste en establecer mecanismos de transparencia que permitan auditar a la función pública desde la ciudadanía, utilizar la inteligencia financiera para contener los flujos de capital ilícito que nutren a las organizaciones delictivas, desarrollar competencias de análisis de datos que permitan operar y evaluar los operativos, así como generar estrategias preventivas para lugares en donde se detectan patrones delictivos recurrentes.
