Sobre el derecho a la vivienda
De acuerdo con el artículo 4to constitucional, “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, [además de que] toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, [por lo que] la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” Este mandato ciertamente se traduce en la necesidad de revisar las políticas y estrategias gubernamentales para alcanzar dichos objetivos.
Al respecto es interesante revisar el reporte Vivienda y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en México (2018) en donde de manera conjunta el INFONAVIT, SEDATU y ONU Habitat examinan los avances que se han logrado en México a ese respecto, para lo cual presentan una serie de análisis y estadísticas que vale la pena poner en contexto. En primer lugar, recordemos que, de acuerdo con cifras oficiales, existe un déficit habitacional de más de 9 millones de viviendas, lo equivale a decir que sería necesario construir otra ciudad equivalente a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para albergar a los ciudadanos deficitarios.
A esto habría que agregar que, de los 2.2 millones de viviendas financiadas por los organismos nacionales de vivienda (INFONAVIT y FOVISSSTE), el 43% de los desarrollos se localizó en las periferias de las ciudades, lo que tiene fuertes implicaciones para la calidad de vida de los habitantes dado que tienen que transportarse diariamente para cubrir sus necesidades de trabajo, educación, abasto, y esparcimiento. Además, es importante señalar que existen 6.2 millones de viviendas deshabitadas que se localizan en dichas periferias y que fueron financiadas por el Estado, lo cual ha llevado a sugerir el impulso de la vivienda social intraurbana, que es una propuesta que enfrenta el reto del escalamiento del valor del suelo en las zonas mejor localizadas de las ciudades.
Otro dato importante es que en los últimos veinte años, el 50% de los desarrollos de vivienda social se localizaron en sólo 8 de los 32 estados de la república (Nuevo León, Estado de México, Jalisco, CDMX, Chihuahua, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas), lo que ha dejado fuera a la población que no reside en las grandes aglomeraciones urbanas. A este respecto, el CONEVAL registra que existen 56.1 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, las cuales probablemente ocupan las 12.6 millones de viviendas que se consideran en condición de rezago. Idealmente, estas personas deberían tener mecanismos de acceso a la vivienda, sólo que su financiamiento está restringido por los organismos de vivienda para la población con empleo formal e ingresos suficientes para obtener un crédito hipotecario, dejando fuera más del 55% de la población del país.
Aún en el caso de las personas con empleos formales, hoy día los hogares con menores ingresos tardarían 33 años en pagar un crédito para una vivienda económica, esto siempre que cuenten con algún subsidio; 47 años si no cuentan con él; y en el caso de que se tratara de una vivienda promedio, el plazo podría elevarse hasta los 120 años (Ibid). Frente a este escenario, se ha considerado en distintos momentos que la vivienda en renta podría ser una alternativa habitacional, si bien el alquiler promedio queda fuera del alcance del 61.7% de los hogares arrendatarios.
La vivienda es un elemento determinante como punto de partida para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y se considera un factor de vulnerabilidad el no contar con una vivienda digna y un entorno dotado de infraestructuras, equipamientos y servicios. Por si fuera poco, el reporte referido menciona que 87.7 millones de mexicanos viven en zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales y climáticos, los cuales provocaron daños en 1.4 millones de viviendas en las últimas dos décadas.
Resumiendo, tenemos un déficit de vivienda para casi la mitad de la población, la cual no puede acceder a créditos o programas de apoyo para la construcción de un hogar digno. En cambio, los asentamientos que se construyen se localizan en las periferias de las ciudades, en donde enfrentan carencias de servicios e infraestructuras, la desconexión con sus lugares de trabajo, y un futuro con una calidad de vida deficiente. Por otra parte, la población que trabaja en el sector formal se enfrenta al pago de créditos por periodos que exceden la vida laboral de los trabajadores, por lo que la autoconstrucción, el hacinamiento, y las condiciones de alto riesgo se vuelven inevitables para atender esta necesidad vital. Es por ello por lo que la vivienda se considera un derecho humano –y constitucional– inaplazable, por lo que el Estado debe asumir su papel rector para ofrecer distintas alternativas técnicas, financieras y materiales para brindar los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar esta exigencia.
