Gabriela Mendizábal Bermúdez y Juan Francisco Astudillo Tenorio*
Hoy en día podemos reconocer diversos retos a nivel mundial. Uno de los problemas más urgentes en la actualidad es la seria amenaza del cambio climático, que pone en riesgo la integridad de las personas y sus bienes. Este desafío plantea interrogantes sobre el papel del Estado en relación con el status quo. Recientemente, las consecuencias del huracán Otis en Acapulco evocaron la pregunta ¿Es Morelos un Estado resiliente ante un desastre natural?
La respuesta se vuelve intrincada, ya que los desastres naturales derivados de la crisis climática también son el resultado de las acciones humanas. Estas contingencias afectan directamente a individuos, sus familias y sus posesiones, manifestándose como perjuicios a la salud, la estabilidad económica y la vivienda.
La falta de recuperación natural del planeta por el impacto de la acumulación de los gases de efecto invernadero, aumentan el nivel de vulnerabilidad de los sujetos y comunidades por su alta y continua exposición a sus consecuencias en forma de desastres. Así pues, tanto el Estado como las empresas y la sociedad comparten la responsabilidad de implementar no solo mecanismos de asistencia o previsión, sino como el mejor mecanismo para ello la incorporación a la seguridad social.
Se considera pues, que la vulnerabilidad se relaciona con la susceptibilidad a sufrir daños a causa de eventos o fenómenos involuntarios originados en el entorno tanto a nivel local, regional y planetario y que la seguridad social es un derecho humano que se materializa a través de beneficios o prestaciones que de forma organizada el Estado garantiza a todas las personas con el fin de protegerlos de riesgos sociales y satisfacer sus necesidades básicas: atención a la salud y protección de los medios de subsistencia.
Por otro lado, a nivel internacional la crisis climática implica retos jurídicos, políticos y sociales tanto de manera interna, como transfronterizos; sin embargo, los esfuerzos deben primar el fortalecimiento de un sistema de protección social amplio, además de la gestión únicamente de los riesgos. A nivel regional, se tiene registro de inundaciones en Tabasco y del caribe, las sequías en algunos estados del norte y1 localmente, la reducción del nivel de agua en las lagunas de Zempoala o el desbordamiento de ríos e inundación de viviendas (algunas irregulares) en diferentes municipios del Estado de Morelos.
Cabe destacar que de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático hasta el año 2020, se observa que el 82% de la población en Morelos reside en zonas urbanas, compuestas por 105 localidades, mientras que el 18% vive en áreas rurales, que abarcan 1473 localidades. En lo que respecta al nivel de vulnerabilidad ante el cambio climático, en el estado de Morelos, se destaca que la zona sur del estado muestra un riesgo de vulnerabilidad considerable, con 17 municipios clasificados como de alto riesgo y 7 municipios considerados de muy alto riesgo. Los municipios restantes se distribuyen entre categorías de vulnerabilidad media (4 municipios) y baja (5 municipios). En resumen, un alarmante 97% de los municipios de Morelos experimentan un aumento en su nivel de vulnerabilidad.
Ejemplos de lo dicho anteriormente, fueron las afectaciones en septiembre del 2021 por las fuertes lluvias que provocaron una avalancha de lodo y agua en un cerro Papalotzin de Tlayacapan, desbordamiento de río en Ayala, desbordamiento de barranca Apanquetzalco en Yautepec y deslizamiento de ladera del cerro de la colonia Vista Hermosa afectando infraestructura pública y viviendas. En respuesta a lo anterior se publicó la Declaratoria de zona de desastre natural estatal en los municipios de Ayala, Jiutepec, Tlayacapan y Yautepec del estado de Morelos por la ocurrencia de los agentes perturbadores hidrometeorológicos y geológicos publicada en el periódico oficial 6006 “Tierra y Libertad” el 29 de octubre del 2021.
La designación estatal de la zona como área de desastre natural se realizó de forma inmediata; no obstante, careció de una colaboración sinérgica entre sectores, al igual que algunos programas asistencialistas, pues cualquier apoyo económico a fondo perdido no prevé un plan continuo antes, durante y post desastres.
Lo ideal sería que, a través del sistema de seguridad social, las personas en estado de vulnerabilidad ante desastres naturales en Morelos pueden acceder al derecho a la salud de manera integral, incluyendo además otros derechos sociales como el de alimentación (a través de la protección de los medios de subsistencia) y vivienda digna. Sobre todo, en momentos de mayor urgencia como lo que está acaeciendo en el municipio de Acapulco; Guerrero ante el evidente desabasto, la destrucción y la incapacidad de gestión del riesgo, pero sobre todo la falta de acceso a derechos humanos básicos como el de acceso a agua potable, vivienda y alimentos. Finalmente, se destacan tres puntos importantes:
- La mayor parte de municipios en Morelos tienen alto índice de vulnerabilidad ante los desastres naturales que se acrecentarán con mayor violencia y recurrencia a causa de la crisis climática global actual.
- Las acciones dentro del marco jurídico estatal, en torno al tratamiento de desastres concurren más en la gestión y monitoreo que en medidas de prevención o atención a la salud integral derivada de un trabajo intersectorial en todos los niveles y es evidente la desvinculación institucional para atenderlos.
- Finalmente, la seguridad social bajo el principio de universalidad y a través de las herramientas (seguros sociales, asistencia social y beneficencia pública o privada) es una de las mejores estrategias para proteger a las personas de manera amplia y suficiente ante los riesgos sociales por desastres naturales; antes, durante y después de que ocurra una contingencia ambiental sin importar el estatus laboral de las personas, desde los principios de solidaridad y equidad.
* Profesora-investigadora y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
