El aborto es un tema que despierta posturas irreconciliables cuando se enarbolan consideraciones éticas, religiosas y morales. Es un debate añejo y es una práctica ancestral, aunque nunca se discutió abiertamente sino hasta el auge de los derechos humanos y, en ese campo, los diversos bandos también hallaron argumentos a favor y en contra. Y todos son absolutamente respetables.
Quizá lo que hace falta es que las inteligencias de los diversos bandos encuentren una salida satisfactoria al aborto como un problema legal, de procuración de justicia y de salud pública.
Todos deberíamos reconocer que la prohibición y el castigo no han evitado que se continúe con la práctica y, al contrario, han convertido al aborto en un motivo de corrupción, de insalubridad y de estigmatización social.
También convendría recordar que en nuestro país hay ocho causales por las que el aborto no debe ser considerado un delito: 1. Cuando el embarazo es producto de una violación; 2. Cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer; 3. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; 4 Si el producto presenta alguna malformación congénita grave; 5. Si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer; 6. Si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente; 7. Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo y, 8. Por libre decisión de la mujer.
Y en nuestro estado están vigentes cinco de esas ocho causales. No se reconocen como justificantes del aborto que éste se origine por posibles afectaciones a la salud de la madre, por la economía precaria y por la libre decisión de la mujer; la última justificación, por cierto, solo está vigente en seis estados de la República.
Por otro lado, es una incorrección buscar “la despenalización del aborto” a rajatabla, pues el aborto, incluso por normativas internacionales, debe permanecer como delito si se practica después de las 12 semanas de la concepción, que es cuando se considera -médica y legalmente- que ya hay otra vida dentro de la mujer gestante.
Así es que el debate en el que ha estado sumido el Congreso morelense -y que una de sus más persistentes impulsoras, la diputada Edi Soriano, promete volver a subir al pleno en el próximo periodo de sesiones- es prácticamente para afinar detalles sobre un tema al que ya tres legislaturas le han dado la vuelta.
Las organizaciones sociales, por su parte, no han dejado que el asunto se quede en el tintero y su reivindicación central reside en la tercera causal: la libre decisión de la mujer, el respeto a una decisión personal asumida con libertad y responsabilidad y que debe estar respaldada por las instituciones del Estado, pues las mujeres que se ven en la necesidad de tomar una decisión de esa magnitud también son ciudadanas.
Sería lamentable que este tema -que desde 2021 es de “urgente y obvia resolución”- se siga guardando en la repisa de asuntos pendientes, para frustración de muchas personas y para satisfacción de quienes medran en los rincones oscuros de la ley.
