Varias cosas graves pasaron ayer en Morelos.
Se arrestó a una de las figuras más importantes de la procuración de justicia, cuya función es tan estratégica que goza de fuero constitucional como el gobernador o los legisladores, y que había sido avalado hace tan solo un par de semanas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El arresto se realizó con un despliegue inusitado de elementos de la Marina y de la Policía Estatal, varias horas antes de que se concretara, cuando se entregó voluntariamente Carmona Gándara. No fue una operación relámpago ni discreta.
En lo que se definía la naturaleza de su detención, el Fiscal tuvo tiempo para hablar con numerosos medios de comunicación y grabar toda la operación. En las varias entrevistas que concedió -entre otros medios, a La Jornada Morelos- realizó acusaciones muy graves, entre otras, que están en proceso varios casos criminales contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, algunos por supuestas relaciones con el crimen organizado. También dijo que Blanco lo había amenazado de muerte.
Aseguró que para facilitar su arresto y que no pudiera recurrir a un amparo, dejaron de trabajar los juzgados federales en Cuernavaca, arguyendo una amenaza de bomba.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la detención fue «específicamente por obstrucción a la justicia en el caso de la investigación sobre el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda», el sonado caso de la joven mujer asesinada en la capital del país, cuyos restos fueron abandonados a un costado de la autopista México-Cuernavaca y en torno al cual se originó un intenso debate entre las autoridades de ambas entidades.
Independientemente de su desempeño o atingencia en el trabajo, el arresto del Fiscal podría significar que el fuero constitucional -que han usado como estratagema diversos gobernadores y legisladores para evitar ser llevados ante la justicia-, ya perdió vigencia. Y, si ya no existe para un delito grave como lo es la obstrucción de la justicia, quizá para otros como feminicidio, pederastia, colusión criminal y peculado, tampoco debería obrar.
También habría que analizar la validez de las leyes locales pues, como algunos diputados recordaron, a Carmona Gándara no se le inició un juicio político en el Congreso del estado para que pudiera ser desaforado y, consecuentemente, arrestado.
Desde luego que a los morelenses nos interesa que se haga justicia, que se resarzan los daños a todas las víctimas y se respalde el Estado de Derecho; todo eso se tiene que hacer en el marco de la ley.
El arresto de Uriel Carmona Gándara el día de ayer sienta un precedente inédito en México. Debemos vigilar cómo evoluciona esta situación porque, tan solo aquí en Morelos, tenemos muchas afrentas, crímenes y dolorosos feminicidios que también se tienen que solucionar, y lo deseable sería que se actuara con la misma contundencia que con el fiscal del estado.
