Ayer el Coordinador General de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia, Héctor René Barreto Orihuela, ignoró por tercera ocasión la cita en el Tribunal para presentar su testimonio en el caso en contra de dos personas acusadas de secuestro y homicidio.
En la audiencia, la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Combate al Secuestro terminó por desistirse de presentar la declaración de Barreto Orihuela ante el Tribunal, además de otras tres pruebas en contra de los acusados y el Tribunal cerró el caso; los alegatos finales se presentarán el próximo 29 de junio.
Héctor René Barreto Orihuela siempre alegó tener reuniones que atender que le impedían acudir a presentar su declaración. Y ciertamente debieron ser muy importantes esas reuniones para echar por la borda un caso que la propia Fiscalía había armado en contra de los presuntos criminales cuya culpabilidad estará en duda y que será difícil que permanezcan detenidos mucho tiempo más. Desde luego, su libertad será achacada a los jueces.
No es la primera vez que la Fiscalía recurre a diversas artimañas para dilatar los procesos judiciales, entre las que se encuentran, desde luego, las ausencias.
Hace menos de un mes, la agente del ministerio público Nadia Karina Figueroa Castro, en el proceso que se sigue contra Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, segundo al mando en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, decidió enviar a una audiencia a un suplente que alegó que no encontraba en el expediente el “criterio de oportunidad” que había dado motivo al proceso.
El suplente en aquella ocasión, Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba, también ha ganado fama por desatender los llamados a Tribunales, por lo que ya se ganó una amonestación formal.
Tan solo hace unas semanas fue pospuesta, por segunda ocasión, la audiencia de imputación contra el exdiputado Marcos Zapotitla Becerro, acusado de violación, porque a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se le ha olvidado sistemáticamente entregar a la defensa una copia cotejada de la carpeta de investigación. En esa ocasión, la apercibida fue la ministerio público Nadia Karime Figueroa Castro, mencionada arriba.
Sin ir muy lejos, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción porque no ha judicializado ninguna de las 32 denuncias presentadas, desde noviembre del año pasado, en contra de exservidores públicos de la pasada administración municipal.
Como dirían los entendidos, esto ya apunta a un modus operandi.
Es la Fiscalía Anticorrupción -que se ufana de haber integrado, desde 2018, 2 mil 671 carpetas de investigación y que analiza el trabajo de 20 jueces porque han sido denunciados e investigados por “malas decisiones, omitir y no valorar pruebas o en su caso por autorizar actos judiciales de forma incorrecta con lo que han sido favorecidas personas acusadas de algún delito”- es la misma que no sabe cuántos casos ha ganado o, por lo menos, el estado que guardan sus propias investigaciones, como se supo por una consulta realizada a través de los mecanismos de transparencia.
Ante estos pocos hechos, sucedidos en menos de un mes, es difícil pensar siquiera que se intenta combatir la delincuencia en Morelos porque, al parecer, los encargados de hacerloestán demasiado atareados en sus múltiples ocupaciones como para darse tiempo de hacer su trabajo.
