Parte 1: Insurrección y ataque a la democracia
Rafael Segovia*
En los últimos meses han surgido una serie de informaciones periodísticas respecto a un conjunto de acusaciones judiciales generadas por el Departamento de Justicia Federal ante diversos tribunales tanto federales como estatales dirigidas al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A pesar del tono altamente escandaloso de lo contenido en este caso, y a los torbellinos políticos que está originando, la percepción del asunto no cuenta con la necesaria difusión en nuestro país. Sin embargo, es posible que se trate de un asunto con implicaciones muy profundas y potenciales consecuencias de extrema gravedad, no sólo para la gobernabilidad norteamericana, sino para la posición internacional de ese país y, muy en particular, para sus relaciones con México.
Es por ello que nos proponemos delinear y puntualizar los pormenores de esta saga, para intentar extraer de todo ello elementos de reflexión sobre el sistema político de nuestros vecinos del norte y el estatus de esa democracia que durante más de un siglo ha reivindicado ser la vigilante de la democracia en todo el mundo, con las consecuencias que sabemos.
Empecemos por hacer un repaso de las acciones judiciales que conforman este entramado:
Todo se inició (aunque hay raíces anteriores) el 6 de enero de 2021, en el asalto al Capitolio, en el que los seguidores de Trump, enardecidos después de una insistente campaña de Trump y su equipo cercano por desconocer los resultados electorales que dieron a Joe Biden el triunfo en las elecciones del 2019, y tras un mitin realizado por Trump unas horas antes ese mismo día, en que conminó a su público a detener el “fraude electoral”. El asalto al Capitolio, que tuvo un saldo de cinco muertos, provocó la alarma en todo el país, y se habló de un “ataque a nuestra democracia” y de una “insurrección”.
A raíz de ese aciago episodio, se inició un proceso de investigación judicial sobre el acontecimiento, para lo que se nombró a un fiscal y a un gran jurado – figura que en general labora para constituir una carpeta de investigación y formular los cargos penales pertinentes. Esa investigación se topó muy pronto con el descubrimiento de que Trump se había llevado de la Casa Blanca una gran cantidad de documentos, muchos de ellos reservados como de alta confidencialidad y que contenían secretos militares y de seguridad muy delicados. Este descubrimiento llevaría, tras una larga investigación, a iniciar un segundo juicio por el secuestro de dichos documentos y la negativa a devolverlos cuando le fueron requeridos por el FBI.
Entre tanto, una primera investigación sobre el asalto al Capitolio, realizada por un comité especial bipartidista del Senado, concluyó con una medida de “Impeachment” (censura para ejercer el cargo) del aún presidente Trump, el 13 de enero, motivo por el que hubiera sido virtualmente destituido poco antes de dejar la presidencia. Sin embargo, la votación final no alcanzó las dos terceras partes del Senado, con lo que no pudo declarársele culpable.
Lo mismo había sucedido meses antes, al formularse una primera moción de impeachment contra Trump por abuso de poder y obstrucción del Senado, ligada con intentos por utilizar presiones políticas hacia Ucrania y otros países para que éstos incriminaran a su opositor electoral, Joe Biden, en crímenes facticios.
A pesar de que los propios republicanos aceptaron o hasta respaldaron estas dos mociones de impeachment (pero sin querer llevarlas hasta su concreción), una buena parte de ellos siguen considerando que Trump es su líder moral, lo cual denota una polarización del partido hacia la extrema derecha que está fracturando gravemente las estructuras políticas norteamericanas. Volveremos más adelante sobre esto.
El candidato procesado
Por ahora, la realidad es que las múltiples acusaciones legales que pesan sobre Trump y que han surgido una tras otra hasta sumar 91 cargos penales (a los que habría que agregar acusaciones del fuero civil y fiscal), a pesar de lo impresionante de esta carpeta judicial, sólo ha contribuido a aumentar su popularidad entre el electorado republicano. En encuestas recientes, su candidatura era apoyada por más del 60% de ese electorado, contra 14% para el candidato que le sigue, Ron De Santis. Trump ahora ha convertido su predicamento jurídico en una bandera, afirmando que es perseguido por defender al pueblo norteamericano, lo que lo convierte en una especie de Cristo redentor (y muchos electores de los sectores más devotos así lo han declarado).
Así pues, su responsabilidad penal viene a ser en este esquema el resultado de una “cacería de brujas” orquestada por el gobierno de Joe Biden y su Departamento de Justicia, y Trump puede así afirmar públicamente que todo lo que hizo está básicamente bien y está basado en derechos que le otorga la constitución. Todos sus seguidores parecen estar de acuerdo con esa visión. A esto viene a sumarse la percepción general (incluso entre el electorado y los responsables demócratas) de que Trump puede ganar las elecciones y ser nombrado presidente a pesar de su situación jurídica. Es decir, que podría incluso gobernar desde la cárcel, si es declarado culpable en alguno de los cuatro juicios penales que se preparan.
El embrollo mediático no podría ser más rocambolesco. Los reporteros hacen una labor febril siguiendo paso a paso la evolución del escandaloso caso. Los comentaristas se han puesto a estudiar los vericuetos legales y se han convertido en verdaderos expertos. Y, lo más importante: poco a poco se ha ido haciendo patente lo que está en juego en el caso Trump. El elemento central consiste en que Trump no sólo no deja de tener la predilección de los votantes, sino que pareciera que cada nueva acusación despierta más fervor entre sus seguidores y lo impulsa en la contienda electoral.
Entre tantos acontecimientos de fuerte resonancia, tal vez el primer momento en que la alarma cundió en los medios (y suponemos que entre la opinión pública) fue cuando el equipo de campaña de Trump difundió un plan de gobierno que consistía en desmantelar las instituciones de intermediación del estado (seguro social, justicia de género, asistencia médica, apoyo a la lucha contra el cambio climático, etc.), en reducir la independencia del poder judicial y en concentrar todas las decisiones en la figura del presidente. Ni más ni menos que un proyecto claro y explícito de dictadura.
Este proyecto, que el electorado favorable a Trump parece no entender en su verdadera dimensión, y que muchos republicanos extremistas apoyan, podría llevar a un intento de creación de un modelo fascista, al que probablemente se opondrían los sectores más democráticos del país, pero que dividiría de manera tan tajante al país como lo hizo la Guerra de Secesión en su momento. Este punto es tal vez el termómetro más elocuente sobre las tensiones políticas que vive nuestro país vecino, y es importante conocer y analizar esta coyuntura para visualizar su potencial desarrollo y posibles consecuencias. Expondremos pues cada uno de los casos judiciales, así como algunos de los asuntos colaterales que determinan este proceso, para permitir una comprensión panorámica.
- La insurrección del 6 de enero 2021
Para entender a grandes rasgos lo sucedido en el ya famoso asalto al Capitolio de 2021, es preciso explicar esquemáticamente el sistema electoral norteamericano. Los votos se cuentan por estados, con una autonomía electoral de principio para cada estado miembro de la federación. Se trata de un sistema de representación proporcional, en el que cada estado tiene un número de electores determinado por el tamaño de su población. El voto directo no cuenta en el resultado final, ya que si un candidato obtiene la mayoría en un estado determinado, aunque sea por un solo voto, todos los votos de ese estado se anotan al candidato en cuestión. De esta manera, el Colegio electoral de ese estado se conformará con un grupo de electores seleccionados que emitirán su voto final (enteramente republicano o enteramente demócrata) el día del conteo electoral final, que está fijado por la Constitución para el día 6 de enero.
Así pues, los acontecimientos que se dieron el 6 de enero de 2021 fueron consecuencia de la clara percepción de que Trump había perdido las elecciones, puesto que se conocían ya los resultados por estado de los colegios electorales. Durante el mes de diciembre, varios asesores de Trump, algunos partes de su equipo de la Casa Blanca y otros externos se dedicaron a concebir planes para subvertir el resultado electoral. Uno de ellos, el más socorrido, contemplaba convocar a los ciudadanos que hubieran conformado normalmente un colegio electoral republicano – de haber ganado este partido – en ciertos estados, y convencerlos – así fuera con engaños – de que se reunieran en sesión electoral y llevaran sus votos al Congreso el día del conteo final. Con ello esperaban que hubiera controversia respecto a cuáles de los Colegios estaban autorizados a votar, y que en varios casos el Congreso tuviera que devolver los resultados estatales al estado en cuestión, exigiendo un nuevo recuento de votos. Esta confusión podría llevar a una revisión en la que sería posible manipular el nuevo conteo y recuperar dos o tres estados para revertir el resultado de las elecciones.
Por otro lado, los funcionarios de la Casa Blanca más cercanos a Trump, y el mismo presidente, emprendieron una campaña de llamadas telefónicas y correos electrónicos, pidiendo a las autoridades electorales de ciertos estados que “revisaran” sus conteos para obtener el número necesario de votos para poder declarar que en ese estado había ganado Trump. El caso más sonado de esta acción de “convencimiento” fue el de Georgia, ya que quedó grabada una conversación entre Trump y el Secretario de estado, en la que Trump le pedía que ajustara los números para recuperar algo más de 11,000 votos, que él necesitaba para ganar.
La tercera línea de acción de Trump y sus colaboradores (o co-conspiradores, como se les llama en las acusaciones judiciales) consistió en incendiar las redes sociales y los medios de difusión con acusaciones de fraude electoral, llamados a la “resistencia” y – precisamente – a la insurrección. El día 6 de enero, Trump, quien había convocado cerca del Capitolio a sus multitudinarios seguidores para “alertarlos sobre el fraude”, hizo un discurso incendiario que concluyó con un llamado a ir al Capitolio a exigir que se detuviera el conteo de los votos. Hizo además un llamado a su vicepresidente, Mike Pence, para que no ratificara los resultados electorales, con lo cual hubiera creado una crisis de gobernabilidad en la cámara. (Pence no se prestó a esa petición). Acto seguido, se retiró a la Casa Blanca, y desde ahí siguió los acontecimientos en la televisión, al parecer con gran entusiasmo y – cosa grave – omitiendo llevar a cabo el protocolo de seguridad y mandar al ejército a defender a los congresistas.
En efecto, los manifestantes que habían asistido al mitin de Trump se dirigieron al Capitolio consignas de una extrema violencia (entre ellas clamando por la muerte de varios congresistas demócratas, Nancy Pelosi entre ellos, que era la presidenta de la cámara en ese momento). Sucedió así el mayor atentado a la democracia norteamericana del que se tenga memoria, con un saldo de cuatro muertos, decenas de heridos y cerca de 80 detenidos.
Al día siguiente, Nancy Pelosi solicitó formalmente en el Senado que se iniciara el proceso de destitución del presidente Trump que mencioné al principio de esta nota. Trump, por su parte, no desistió de su afirmación de que fue víctima de fraude, e inicialmente pareció dispuesto a aferrarse al poder. Fue gracias a la insistencia de algunos colaboradores de su gobierno y a la intervención del senador republicano Lindsay Graham, quien le aseguró que si persistía en su obstinación los representantes republicanos abogarían por el impeachment, que al final Trump aceptó una transición pacífica del poder.
Tales fueron los antecedentes del juicio por instigación a la violencia y apoyo a la insurrección que, tras la deliberación del gran jurado en Washington, le fue encomendada al procurador Jack Smith, y que constituye los primeros cuatro cargos criminales que se le imputaron a Trump.
Daremos más pormenores sobre este asunto en la próxima entrega, y además:
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En nuestro próximo artículo: Los documentos secretos de Mar-A-Lago.
* Poeta, traductor y activista social por los derechos culturales.
Imagen NBC
Foto: Evan Vucci/AP Photo
