El sábado pasado, tras concluir su Caminata por la Paz, el Obispo de Cuernavaca dirigió un mensaje en el que recordó el motivo de la manifestación pacífica: la violencia rampante que se vive en Morelos y en México, y la escandalosa impunidad que la cobija.
Dijo que la impunidad ha hecho crecer la desconfianza tanto en las instituciones que imparten justicia como en las encargadas de la seguridad, y que ha fomentado el poder de la delincuencia organizada al grado de que ya se prepara para influir en las elecciones del 2024, incluso “obligando a poblaciones a votar por aquellos con los que ya están haciendo pactos”.
Por lo menos en eso, el Obispo coincide con lo que ha afirmado el Comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, quien, hace algunos meses, vaticinó que en este año se recrudecería la violencia política en nuestro estado porque “grupos criminales buscarían incidir en las elecciones incluso con la imposición de candidatos”.
“Las células delictivas buscan hacerse notar; algunos de ellos buscan imponer su hegemonía para decirle a algunos candidatos que los pueden financiar”, explicó el Comisionado, y fue más allá: en Morelos se han identificado 14 células criminales que buscan infiltrarse en los gobiernos y que no han logrado frenarse porque incluso siguen operando desde los penales.
Es decir, confinar a algunos miembros de la delincuencia organizada no ha servido para disminuir las operaciones de estos grupos que buscan, por las buenas o por las malas, infiltrarse en las esferas del poder para, desde ahí, prosperar aún más blindando su ya notable impunidad.
Afortunadamente, México dispone del antídoto para evitar esto: leyes e instituciones electorales, que deberán demostrar su utilidad mediante una minuciosa fiscalización de los recursos de campaña y con una no menos detallada vigilancia de todo el proceso electoral, que inicia mucho antes del día de las elecciones, que también deberán ser cuidadas por todos nosotros para garantizar que se lleven a cabo libre y pacíficamente.
Pero antes, los candidatos y los funcionarios públicos se enfrentan a un peligro que generalmente no se hace público: las amenazas y las agresiones personales ya sea para convencerlos de una dudosa alianza o para obligarlos a salir del horizonte político.
La consultora Integralia calcula que entre septiembre de 2021 y el 29 de junio de 2022 se perpetraron 131 incidentes de violencia política en México, que dejaron 172 víctimas, de las cuales 122 fueron mortales y el resto resultaron heridas. 106 víctimas de homicidio se registraron durante el periodo electoral 2021- 2022, cuando se celebraron elecciones ordinarias locales en las que se incluían las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Entre los resultados de este estudio destacan dos: 1. El mayor número de víctimas fueron funcionarios municipales, y 2. el partido en el que militaba o era simpatizante el mayor número de afectados fue Morena.
No es necesario pensarlo mucho para saber quiénes tienen la diana en la espalda: aquellos que están más cerca de la vida en la calle y los que, por lo menos en el papel, tienen mayores probabilidades de resultar ganadores o verse beneficiados por los resultados electorales.
Y regresamos al principio: ¿cómo se garantizará la integridad de todos los participantes en los procesos electorales, si más del 90 por ciento de los crímenes que se perpetúan en nuestro país permanecen en la impunidad y la delincuencia organizada no le teme a la cárcel ni a las policías?
Ya tenemos las advertencias y los datos; ahora necesitamos un verdadero plan de acción y resultados.
