Aideé Tassinari Azcuaga*
En junio de 2014 ocurrió un hecho trascendente en México, el Tribunal Unitario Agrario 28 con sede en Hermosillo, Sonora, falló a favor de la demanda de 67 personasejidatarias de El Bajío, un ejido enclavado en el desierto en el municipio de Caborca. La sentencia judicial obliga a la minera Penmont, subsidiaria del consorcio Industrias Peñoles, a devolver las 1,824 hectáreas ocupadas ilegalmente desde 1996 y a restituir a cabalidad las condiciones ecológicas en las estaba el territorio antes de la construcción ilegal de la mina a tajo abierto pues la minera destruyó cerros, horadó la superficie y aniquiló flora y fauna. De no hacerlo, deberá pagar el equivalente en oro y plata que se llevó del territorio lastimado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó, dos años después, el fallo del Tribunal Agrario de Sonora. La máxima instancia judicial del país reconocía que la propiedad social de la tierra de la comunidad campesina e ilegitimaba el despojo de la minera. Las y los ejidatarios habían demandado a uno de los tres consorcios mineros más poderosos no solo de México sino de América Latina, encabezado por el patriarca de la minería Alberto Bailléres.
Hasta el momento, Peñoles se encuentra en desacato, no ha cumplido con el fallo de las dos instancias judiciales e inició una contraofensiva, centrada en la criminalización y la persecución contra la comunidad ejidataria. El 12 de febrero de 2018 fueron asesinados Nohemí Elizabeth López Gutiérrez y Raúl Ibarra de la Paz. El 29 de abril de 2021, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega también fueron acribillados. Ellas y ellos representaban a la comunidad ejidal y fueron defensores de la restitución de sus tierras. En el territorio de El Bajío brotaron elementos del crimen organizado. Éste, fue responsabilizado por algunos medios de comunicación del asesinato de las y los defensores de las tierras. Personas fuertemente armadas ocon credenciales de abogados amenazan continuamente a los representantes de El Bajío. No es la primera vez ni el único lugar en donde el crimen organizado aparece para asustar a quienes resisten a alguna de las empresas subsidiarias de Peñoles.
Hoy, casi la totalidad de los habitantes del ejido está desplazada, pero bregan y se organizan desde fuera de su territorio con cada vez más apoyos y simpatía. La comunidad del desierto sonorense despliega una variedad de mecanismos para hacer cumplir el fallo judicial. Las mujeres han jugado un papel sobresaliente en el sostenimiento de la organización de la resistencia y han mantenido la autonomía de la asamblea ejidal, máxima instancia de decisión del núcleo comunitario.
El documental Tolvanera, dirigido por Ángel Melgoza, retrata la batalla del ejido contra el monstruo que saca oro del desierto. El Bajío ha salido del encapsulamiento local y adquiere mayor visibilidad nacional, como dice MaristellaSvampa al referirse a las defensas territoriales que adquirieron carácter nacional y que hoy son luchas emblemáticas que frenaron el avance de la frontera extractivista en América Latina.
La resolución judicial contra Peñoles evidenció los dos contrafuertes de la acumulación por despojo que se vive en el país desde hace tres décadas: las ganancias ilimitadas a partir de la devastación ambiental y la impunidad con la que ha operado. Peñoles tiene la concesión de tierras más grande en México, en 2021 acaparaba casi 2 millones de hectáreasen varios estados. Ocupa el 1er lugar como productor de plata y es el principal exportador de este metal. Su socio británico Fresnillo, se jacta de tener los costos de producción más bajos del metal argentoso. Este es el consorcio minero que la comunidad ejidataria sonorense ha enfrentado por años y logró que la minera saliera de sus tierras. Queda pendiente que se cumpla la resolución del Tribunal Agrario. Todas las resistencias contra la minería a tajo abierto gritan que el país está sometido a una destrucción que tarde o temprano nos alcanzará. Más vale poner un alto.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
