Cuitláhuac Alfonso Galaviz Miranda
Elementos de las Fuerzas Armadas de México han participado en varias masacres y represiones generalizadas a lo largo de la historia del país. No cabe duda de ello y una rápida revisión del devenir histórico nacional así lo comprueba. El problema es que, con la llegada del primer gobierno de izquierda en décadas, se abrieron esperanzas de verdad y justicia. Sin embargo, cerca del final de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el panorama luce desalentador en ese sentido.
La salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) que colaboraba para esclarecer los crímenes de Ayotzinapa es una muestra. Quienes integran el GIEI ya habían denunciado la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Regresaron durante la actual administración con la promesa o, más que eso, el compromiso de que habría plena colaboración para esclarecer los hechos.
Uno de los puntos más importante es el acceso irrestricto a información, lo cual no ha pasado. Por ejemplo, expertos del GIEI recibieron documentos con las siglas del Centro Militar de Inteligencia (CMI), pero, al solicitar acceder al archivo completo, les fue negado y se señaló que la sigla CMI significa “contenido mediático de información”. Cuando instancias de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) reconocen la existencia del Centro Militar de Inteligencia, mantienen que se trata de un organismo coyuntural para el apoyo en tareas específicas. Sin embargo, existen numerosas referencias al Centro Militar de Inteligencia (por ejemplo, investigaciones periodísticas muestran que se trata de un área que compró y opera el sistema de espionaje Pegasus), pero no de un supuesto “contenido mediático de información”. La conclusión es clara, a la vez que dolorosa: la Sedena oculta información útil para conocer el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos.
Ese no es el único caso de violaciones graves a derechos humanos donde participaron elementos del Ejército mexicano y hay resistencias a colaborar en las indagaciones. Existe una comisión presidencial encargada de investigar hechos relacionados con el periodo conocido como la “guerra sucia”, sucedido durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Dicha comisión —conocida como CoVEH— se compone de cinco diferentes mecanismos; el más activo es el de esclarecimiento histórico y se compone de una experta y tres expertos. El investigador Carlos A. Pérez Ricart es uno de ellos y es probablemente quien más hace públicas sus impresiones al respecto.
Como alguien interesado en las represiones estatales del periodo, aprecio la labor de difusión de Pérez Ricart. En una columna publicada en SinEmbargo, el integrante de la comisión para investigar los hechos de la “guerra sucia” reflexiona sobre la salida del GIEI del país y encuentra algunas similitudes con su trabajo:
“Al igual que al GIEI, a los comisionados de la CoVEH se nos prometió, desde la presidencia de la República, acceso ilimitado y sin cortapisas a los archivos del Ejército y de cualquier fuerza de seguridad potencialmente involucrada en graves violaciones a los DDHH entre 1965-1990 […] Sin embargo, a casi dos años de creada la CoVEH, esa promesa no ha sido honrada. Hasta hoy, el acceso a los archivos históricos ha sido limitado, dilatado y entorpecido. Más todavía, en los últimos meses las Fuerzas Armadas han asumido una posición cada vez más inaccesible a nuestras peticiones para abrir y digitalizar documentos históricos relacionados con graves violaciones a los Derechos Humanos. Asimismo, se han cancelado visitas a campos militares programadas desde hace meses. La evidencia del espionaje telefónico a Alejandro Encinas y a uno los funcionarios clave de la CoVEH termina por dibujar un panorama de obstrucción”.
Estamos ante un periodo especialmente crítico para alcanzar justicia y verdad en torno a la llamada “guerra sucia”. La mayoría de las víctimas directas tienen una edad avanzada y algunas y algunos han muerto en tiempos recientes sin ver que sus casos se resuelvan favorablemente.
El Ejército es una institución claramente opaca. Es verdad que las Fuerzas Armadas son diversas y hay cadenas de mando que debemos tomar en cuenta para evitar generalizaciones abusivas. Pero, con todo, es un hecho que hay crímenes cometidos por integrantes del Ejército y resistencias de parte de superiores para colaborar en términos de verdad y justicia. A los hechos de Ayotzinapa y la “guerra sucia” podemos agregar Tlatlaya, Tlatelolco, el Halconazo y un largo y doloroso etcétera (en gran parte constituido por eventos ocurridos en zonas del país alejadas de los grandes centros urbanos y, por ello, menos conocidos).
La actual administración federal, empezando por el propio presidente López Obrador, no ha podido o no ha querido transparentar plenamente el papel de militares en violaciones graves a derechos humanos. Espero que por lo menos las autoridades tengan claro que, si no cambian sus posturas al respecto, ese también será parte de su legado, les guste o no.
*Profesor de Tiempo Completo en El Colegio de Morelos. Doctor en Estudios del Desarrollo por el Instituto Mora. Profesor de Tiempo Completo en El Colegio de Morelos. Doctor en Estudios del Desarrollo por el Instituto Mora.
